Progresistas contra conservadores? ¿Los ministros formados en la carrera judicial contra los externos ? La parcelación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó en evidencia, por una interpretación literal y riesgos de la transparencia, pero sobre todo evidenció los errores del presidente saliente, Juan Silva Meza, en el manejo de la sucesión.

Salvo por los cortes obligados por los recesos declarados -en apego al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al acuerdo especial tomado para la conducir la votación- el pasado viernes 2 pudo seguirse en vivo, el peculiar ritual del que no quedará más que ese video, pues las papeletas que los ministros introdujeron en 32 ocasiones consecutivas a la bombonera eran inmediatamente destruidas por el secretario de Acuerdos. El escenario de las 29 rondas con empates simplemente fue ignorado por la directiva del Canal Judicial y también la oficina del ministro presidente, que sólo tuvo un servicio de catering, con canapés y refrescos, en los salones adjuntos, donde los ministros descansaban. ¿Y mientras, alguien procuraba los consensos?

Silva Meza había dejado la presidencia de la SCJN con el último día del 2014. El pasado viernes 2 encabezó la sesión solemne en su carácter de ministro decano. La solemnidad, sin el cuidado de las formas, transmutó en obcecación y bordeó el ridículo, no obstante que pasaron el último mes del año empatados.

Había dos determinantes: el evidente deterioro de la salud del Sergio Valls y la sustitución de Silva Meza y Olga Sánchez Cordero -quienes concluyen con el periodo para el que fueron designados como ministros- en el 2015. Desde entonces comenzó una sutil operación política y mediática para perfilar a una de las dos ministras que integran el pleno como la primera presidenta de la Corte. La nominación, en todo caso, sería para Margarita Beatriz Luna Ramos.

En el último tramo del sexenio calderonista se renovaron cuatro asientos de la SCJN, con el arribo de José Fernando Franco González-Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Ortiz Mena. Los tres últimos, formados en el litigio y sin nexos con el aparato burocrático incrustado en el Poder Judicial, parecían condenados a esperar a mejores tiempos para aspirar a la presidencia.

El fallecimiento de Valls Hernández, el pasado 3 de diciembre, ahondó el encono. De los 10 ministros, seis anunciaron su intención de buscar la silla de Silva Mena. Fuera de la contienda también estaban José Ramón Cossío y Alberto Pérez Dayán, quienes respaldaban a Luis María Aguilar, junto con Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La ascendencia del ministro presidente saliente aglutinaba al bloque que impulsaba a Zaldívar Lelo de Larrea, quien había logrado un acuerdo con la ministra Sánchez Cordero y al que también se sumaron Cossío y Ortiz Mena, quien antes de la votación retiró formalmente su candidatura. Semanas anteriores, el bloque que respaldaba a Aguilar avanzó sin complicaciones, mientras que Zaldívar y Ortiz Mena intercambiaban ataques y descalificaciones, en el entendido de que cualquiera de los dos contaría con el respaldo de Los Pinos.

Inmersos en una crisis de confianza y ante crecientes críticas a la Judicatura Federal, por presuntos actos de corrupción de jueces y magistrados, los ministros que integran la SCJN ventilaron públicamente sus diferencias. Después de seis horas de una rutina absurda y estéril, el ministro Silva Meza retiró su apoyo a Zaldívar Lelo de Larrea.

La única convicción detrás de ese cambio era la de evitar un desgaste más severo a la imagen de la institución , defiende uno de sus asesores, quien lo acompañó en las horas críticas, y eso implica una lógica del mal menor . Aguilar representa a la estructura burocrática del Poder Judicial y su ascenso disuade cualquier aire renovador y modernista, que era lo que el presidente saliente trataba de dejar, como legado.

Ahora tendrá que llegar al Senado de la República la terna para seleccionar al sustituto del ministro Valls Hernández. El peor escenario es factible: que el Ejecutivo federal espere hasta septiembre para proponer a los otros dos ministros entrantes. Por disposición constitucional, el Senado deberá citar a comparecer a los integrantes de las ternas. Apenas las propuestas lleguen a la Cámara Alta, comenzará a correr un plazo improrrogable de 30 días; en caso de que la terna fuera rechazada por los legisladores, el Presidente de la República podría remitir una nueva lista y en el extremo de que no se cumplieran esos requisitos o el Senado no resolviere dentro del límite, el presidente tendría la facultad de designar a los nuevos ministros.

Una de esas plazas estaría reservada para el senador priísta Raúl Cervantes, quien estuvo al frente de la Cámara Alta durante el segundo año de la actual Legislatura y renunció a esa encomienda para cumplir con los requisitos. Otra sería para Daniel Cabeza de Vaca, ex consejero jurídico y ex procurador en el sexenio foxista, y actual consejero de la Judicatura Federal, lo que confirmaría que la partidocracia controla la carrera judicial. La aspirante que más consensos genera es la actual magistrada del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís Figueroa, quien competiría con su colega Constancio Carrasco Daza.