Salvo en casos excepcionales, un proyecto privado de inversión requiere siempre de la realización previa de proyectos de inversión pública en la forma de obras de urbanización, alcantarillado, drenaje y agua potable. También es inexacto que en los proyectos de inversión pública no participe el sector privado. Lo ha hecho durante décadas a través de empresas contratistas que realizan las obras o proveen tecnología o diseño.

Nunca el sector privado dejó de participar en los proyectos de inversión pública para infraestructura. Por tal motivo, fueron infundadas las críticas que elevaron los legisladores del PRD y PT en el sentido de que la Ley de Asociaciones Público-Privadas, recién promulgada, daría lugar a una privatización de la infraestructura y quitaría al Estado su responsabilidad como promotor del desarrollo . Lo que sí ofrece ese ordenamiento es un marco legal menos restrictivo para llevar a cabo proyectos de infraestructura, además de que reducirá la discrecionalidad de los funcionarios públicos en ese ámbito y la opacidad que se facilitaba mediante el contratismo tradicional. Obtenida la aprobación de ese ordenamiento, el presidente Calderón indicó que con la nueva Ley se había logrado superar una serie de prejuicios, restricciones, ideas inexactas, intereses y muchos absurdos . ¿Será? En cuanto a prejuicios, la Ley es una refutación a la obsesión ideológica con base en la cual el sector privado es siempre el malvado de la película y el público, el bueno. Así, la erección de infraestructura únicamente debería corresponder a este último.

La Ley removió restricciones severas a la creación de infraestructura. Entre las limitaciones estaba la imposibilidad de que proyectos de ese tipo pudieran ser promovidos por la Iniciativa Privada al igual que la adquisición de los terrenos requeridos o su avalúo. La idea más inexacta con relación a ese ordenamiento es quizá que su entrada en vigor permitirá la privatización de la infraestructura. Las obras que se realicen a su amparo serán del Estado o revertirán a él al cumplirse cierto plazo.

Lo más importante es que mediante la Ley comentada se logrará debilitar el contratismo tradicional y los vicios que conlleva. El principal, que éste era la vía más común y conocida para la corrupción: Yo, funcionario, te asigno la obra discrecionalmente y tú, contratista, me ofreces una comisión . Es bueno saber que se discurren medidas para reducir la incidencia de ese cáncer social.

bdonatello@eleconomista.com.mx