Han pasado cuatro meses desde que los empresarios Jesús María Flores Ramos, Margarita de la Torre Gutiérrez, José Luis Pelayo López, José de Jesús Chávez Álvarez y Mario Humberto Torres Verdín tuvieran conocimiento de que se habían girado órdenes de aprehensión en su contra.

Una fuente del Poder Judicial -cuya identidad fue convenientemente resguardada- volvió a sustentar la versión aparecida en la primera plana de uno de los principales diarios tapatíos. De manera casi idéntica, la información aludía a la demanda interpuesta por Aurelio López Rocha y Eugenio Pelayo, accionistas del Guadalajara World Trade Center, contra Torres Verdín, que después extendieron a sus otros cuatro exsocios.

A lo largo de una década, la disputa por la conducción de este consorcio -que el año pasado tuvo ingresos por 400 millones de pesos y generó ganancias por 100 millones para sus socios- ha enfrentado a antiguos amigos y separado a familias muy reputadas de la capital jalisciense.

Y ahora está en un punto de inflexión, pues los cinco socios del GWTC fueron señalados como presuntos responsables de daño patrimonial. Y ese delito, considerado grave, no admite libertad provisional bajo caución o una suspensión de la orden de aprehensión, para los efectos de no ser privados de la libertad.

Los inculpados se quejan de un manejo maquinado y totalmente doloso del expediente 787/2016, resuelto en segunda instancia en la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Antes, la parte acusadora pretendió intimidar a los socios, a quienes exigió una serie de condiciones que les permitirían retomar el control de la empresa, a cambio de retirar su demanda. La respuesta fue clara y unánime: no se aceptaría esta fórmula de extorsión, que además de inmoral se consideraba totalmente improcedente , establecieron.

En el 2010, Aurelio López Rocha renunció a sus responsabilidades al frente de la presidencia y la dirección general de Guadalajara WTC, luego de afrontar cuestionamientos de los accionistas mayoritarios de la empresa.

En su relevo quedó el abogado Mario Humberto Torres Verdín, quien recibió la encomienda de recuperar la estabilidad operativa y financiera de la empresa.

Desde entonces subsiste un litigio por el control y administración de Guadalajara WTC a partir de las denuncias interpuestas por López Rocha ante distintas instancias judiciales, para impugnar su destitución y reclamar un presunto despojo.

Sus protestas fueron secundadas por Eugenio Pelayo, un antiguo detractor. Ambos han sostenido un pleito soterrado contra Torres Verdín y Jesús María Flores Ramos, a los que acusan de despojo y abuso de confianza. Y de los dichos pasaron a las denuncias penales. En Jalisco, un juez requirió la aprehensión de Torres Verdín.

Los escarceos entre los socios de Guadalajara WTC también han ocurrido en la Ciudad de México. Primero, en el Centro de Arbitraje -donde la mediación resultó fallida-, y después en los juzgados federales, tras de la denuncia presentada por Pelayo, en abril del 2014, por una falsificación de documentos. El Ministerio Público procedió a investigar un presunto fraude procesal.

Ni el documento es falso, ni se presentó ante una autoridad jurisdiccional, ni puede producir una ventaja o un lucro , argumentan los inculpados, quienes antes no habían sido afectados por este litigio. La acusación fue desestimada por el juzgado penal en el que se tramitó pero el Ministerio Público apeló y en segunda instancia fue ratificada la invalidez. El Ministerio Público recompuso la acusación y la volvió a presentar. Y de nueva cuenta fue desestimada.

Rafael Guerra Álvarez, magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en dos ocasiones dictó resoluciones en el sentido de que no había delito que perseguir, argumentando que el Centro de Arbitraje no es una autoridad administrativa o judicial, sino que se trata de una institución privada especializada.

Pelayo apeló la resolución del magistrado Guerra Álvarez, quien cambió su criterio y giró las órdenes de aprehensión. El daño patrimonial ascendería a 2.5 millones de pesos.

Herederos de los fundadores de la fábrica de calzado Canadá, los hermanos Aurelio y Tomás López Rocha ganaron notoriedad en su natal Guadalajara como coleccionistas de arte contemporáneo.

Y el exdirector del GWTC, posteriormente, descolló más por sus proyectos fastuosos que por sus éxitos empresariales. Entre los más polémicos: la construcción de una fastuosa residencia en Tapalpa, la propuesta de abrir un Guggenheim o el proyecto de erigir el edificio más alto de América Latina (la torre Torrena, de 70 pisos y con una altura de 336 metros) dentro de la urbe tapatía.