A raíz del triunfo de la oposición a la catastrófica dinastía Kirchner en Argentina, el presidente Mauricio Macri ha iniciado una dura batalla para quitar el control de los medios de comunicación a los políticos incrustados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en dos órganos del estado argentino creados con el exclusivo propósito de controlar a los medios de comunicación con mano de hierro: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

Como todos los gobiernos de izquierda populista en América Latina, siguiendo el ejemplo de la decadente dictadura venezolana hoy encarnada en el cada vez más acorralado Nicolás Maduro, el gobierno de Kirchner, enarbolando la bandera de la libertad de expresión y el derecho a la información, pretendió callar a los medios que lo criticaban y premiar a los que le eran afines, dotando a la AFSCA y la AFTIC de súper poderes para regular a la radio, la televisión y la industria de la televisión por cable con criterios retóricos, alejados de la práctica internacional seria en materia de competencia económica.

Afortunadamente para la democracia argentina, Kirchner nunca gozó de los exorbitantes ingresos petroleros que permitieron a la dictadura chavista tomar el control absoluto de los medios de comunicación en Venezuela, y los medios argentinos, particularmente el grupo Clarín, se defendieron durante años, con mayor o menor éxito, en un Poder Judicial con un aceptable grado de autonomía.

Ahora, el presidente Macri publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual un nuevo organismo del estado, el Ente Nacional de Comunicaciones, fusiona a la AFSCA y la AFTIC, y propone modificar la ley de medios, con el ánimo de liberalizar las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión para fomentar la competencia y la convergencia en ambos sectores, tal y como lo hizo México con la reforma en telecomunicaciones del 2013.

La reforma en Argentina apenas comienza. Son muchos los candados legales que dejó la ex presidenta Fernández de Kirchner y que hacen incierto el resultado de las batallas legales y legislativas que vienen. Los órganos autónomos con políticos incrustados en ellos no siempre son buena idea. En algunos casos, como lo ejemplifica con claridad el caso argentino, le resta soberanía al voto popular en beneficio de un grupo minoritario que se niega a dejar el poder que las urnas le quitaron.

Pero no sólo en Argentina se pelea la batalla por los medios. En México nuestra clase política vive inmersa en ella desde hace una década. El PRD, Morena, el perredista disfrazado de panista Javier Corral y sus grupos afines, como la Amedi, llevan años pugnando por que México copie los modelos venezolano y argentino con el mismo afán totalitario: que el estado nos diga lo que debemos ver y oír.

Hoy pelean una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que regula el derecho de réplica: les parece que es muy laxa para la radio y la televisión y muy dura para la prensa escrita. Yo no veo por qué lo que se dice y cómo se dice debe ser tratado distinto dependiendo del soporte material que se utilice. Me parece que, en todo caso, para que el derecho de réplica no sea un pretexto para que la clase política inhiba la libertad de expresión atascando a los medios con desmentidos que nada desmienten, las figuras públicas deberían ganar un juicio por daño moral antes de tener derecho a la réplica, y el ciudadano común debería tener derecho a la réplica sin necesidad de juicio. Así de simple. Los políticos son muy mañosos y sólo les importa lo que a ellos les afecta. Si un periodista habla de ellos, le creo más al periodista que a ellos, salvo que un juez diga lo contrario. ¿O usted qué opina?