Ayer se confirmó en Argentina la intención del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar hasta 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa petrolera argentina, la mayor empresa de ese país, en la que hasta el día de ayer la petrolera Repsol, de nacionalidad española, poseía 57.43% del capital. El asunto es de la mayor relevancia, sobre todo porque hablamos de una empresa valuada, hasta ayer, en cerca de 7,700 millones de dólares de los Estados Unidos.

Por lo pronto, mientras se discute en el Congreso argentino un proyecto de decreto de expropiación, el gobierno de ese país procedió a intervenir administrativamente a esta empresa. En virtud de la mayoría legislativa con la que cuenta Cristina Fernández de Kirchner, se da por descontado que el proyecto de decreto será aprobado. El proyecto de decreto en cuestión lleva pomposamente por título De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina .

El argumento utilizado por el gobierno argentino es la supuesta falta de inversión por parte de YPF, pues según datos del propio gobierno, mientras que en el período 1999-2011 obtuvo ganancias por cerca de 16,500 millones de dólares, solamente habría invertido cerca de 8,800 millones de dólares. Además de que por primera vez en 17 años Argentina se convirtió en importador neto de combustibles, con una balanza comercial negativa en este rubro por un poco más de 3,000 millones de dólares.

La noticia obviamente puso nerviosos a los inversionistas en los mercados bursátiles, provocando que la cotización de los certificados de YPF en Estados Unidos cayeran 11% durante la sesión de ayer.

Sin embargo, más allá de las consecuencias en los mercados bursátiles, que importan desde luego, están las implicaciones sobre el rumbo que está tomando la nación argentina en este segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, periodo en el que prevalece una visión de un Estado benefactor, capaz de asumir distintos roles. En el caso que nos ocupa, llaman la atención los principios que el gobierno argentino se ha fijado para conducir la nueva política petrolera argentina, bajo el contexto de una YPF nacionalizada.

En primer lugar, destaca el hecho de que se proponga garantizar el autoabastecimiento de combustibles y que, en pleno siglo XXI, en un mundo que pretende alejarse de los combustibles fósiles, el gobierno argentino apueste a la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de crecimiento y desarrollo económico de las provincias y las regiones , así como a la obtención de saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos garantizando, la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras , ambos principios incluidos en el artículo 3 del proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina que el Ejecutivo de ese país ya habría remitido al Congreso.

Curiosamente, se expropian las acciones de Repsol, pero no las del accionista argentino, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que entró a la estructura de capital de YPF por presión del matrimonio Kirchner y que adquirió su posición accionaria mediante el flujo de ingresos de la propia petrolera. Cabe mencionar que, de acuerdo con algunos analistas argentinos, se prevé que el gobierno solicite a este accionista que dé un paso al costado, vendiendo sus acciones a algún otro inversionista. Lo inverosímil es que entre los posibles compradores de esas acciones se mencione a Pemex.

Sería francamente inaudito que Pemex acepte participar en el capital de YPF como socio de un agente, el gobierno argentino, que ha demostrado tomar con poca seriedad lo que en todas partes se considera como un ingrediente esencial de la inversión: la seguridad jurídica. Bajo ese nivel de incertidumbre no veo quién sea el valiente que entre al quite.

Éste no es el primer caso en la historia reciente de Argentina guiado por un espíritu revanchista. El antecedente inmediato de esto lo podemos encontrar en el recién vigente marco legal para el sector telecomunicaciones y de radiodifusión, marco en el que también se adoptó un modelo que va en sentido contrario de lo que ocurre en gran parte del mundo, privilegiando una visión social de la explotación del espectro radioeléctrico, por ejemplo. En ese contexto, el gobierno argentino no tuvo pudor en exhibir su afán de pasar por encima del Grupo Clarín, voz crítica del rumbo que ha tomado ese país.

Ojalá esos vientos setenteros sean sólo una calentura de un gobierno y no una moda que lleve a América Latina a nuevos periodos de estancamiento.

* El autor es Diputado Federal. Presidente de la Comisión de RTC y Secretario de la Comisión de Comunicaciones.