La culpa es de los magistrados electorales. Desde el momento en que el presidente de la Sala Superior del Tribunal, Alejandro Luna Ramos, atrajo el juicio para la protección de derechos interpuesto por un grupo de lideresas del PRI, del PVEM y de Nueva Alianza, encabezado por la senadora María de los Ángeles Moreno. No existe claridad ni certeza en la norma reglamentaria que regirá los procedimientos de elección internas, especialmente por lo que se refiere a las reglas de excepción de la cuota de género , plantearon las quejosas, quienes buscaban revertir la validez del acuerdo CG 327/2011 del IFE, que determinaba los criterios para la integración de las fórmulas de candidat@s al Congreso de la Unión.

Originalmente, el estudio y dictamen de la impugnación había sido remitido a Flavio Galván, pero una comisión oficial -término para los viajes internacionales que frecuentemente realizan los magistrados- impidió que atendiera este caso.

Después de una intensa deliberación, el 30 de noviembre del 2011, el pleno del órgano judicial ordenó al IFE modificar ese acuerdo y lo obligó a estipular que los partidos y coaliciones deberían presentar al menos 120 candidatos a la Cámara de Diputados y 26 al Senado de la República, todos de un mismo género.

Peor, imposible. Pues las cúpulas partidistas se vieron impedidas de alcanzar la cuota, no porque falten cuadros femeninos -como falsamente se ha querido asentar-, sino porque para cumplirla, tendrían que bajar a hombres que hayan sido electos en las internas partidistas.

El meollo del asunto está en los primeros dos párrafos del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de arranque establece que, de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos o coaliciones, deberán integrarse con al menos 40% de candidatos propietarios de un mismo género. Y en seguida subraya: Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido .

Dos derechos equivalentes en conflicto. Y los magistrados del TEPJF -que han tenido que atender los reclamos de justicia de los hombres que exigen respeto a los resultados de los procesos democráticos de sus partidos y también los postulados por la acción afirmativa para mujeres- han evitado pronunciarse sobre este asunto.

Una dilación que -de acuerdo con las expresiones públicas de al menos tres consejeros electorales- resulta sospechosa y provoca una situación límite: la imposición al PAN y a la coalición que integran el PRI y el Partido Verde de un plazo de 48 horas para que modifiquen sus listas de candidat@s, que hasta ahora no cumplen con el requisito impuesto por el TEPJF.

Este plazo comenzaría el jueves 29. Si no cumplieran los requerimientos, estos partidos corren el riesgo de quedarse con una lista incompleta de abanderados al Congreso. El escenario extremo es que los consejeros electorales rechazaran su registro.

¿Una dilación interesada? Depende del punto de vista, por supuesto. Pero en el fondo, ¿qué hay detrás de la intención de sobrecargar la de por sí saturada agenda de los magistrados electorales? Una cosa es que cumplan con su trabajo y otra que se quiera que asuman facultades propias del Poder Legislativo, mas no del Judicial.

El ejemplo más gráfico está en el PAN. El 7 de febrero, después de la elección de Josefina Vázquez Mota como su abanderada presidencial, el Comité Ejecutivo Nacional blanquiazul sesionó para determinar a sus candidatos a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. (De acuerdo al artículo 220 del Cofipe, las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas, hasta sumar 40; cada uno de ellos debe llevar dos candidaturas de género distinto, de manera alterna).

En el primer segmento de la cuarta circunscripción -cabecera en el DF- , el CEN del PAN puso a tres hombres, entre ellos Juan Pablo Adame, hijo del gobernador de Morelos, y al exvocero presidencial, Max Cortázar, quienes obtuvieron más votos.

En el caso de las mujeres, la disputa era entre Patricia Flores Elizondo y Flor de María Pedraza, exsecretaria general adjunta del PAN-DF, quien consiguió más respaldos que Flores Elizondo.

Pasaron seis semanas de intensos e infructuosos cabildeos para lograr que Pedraza cediera su lugar a la exjefa de la Oficina de la Presidencia, beneficiaria de un dedazo. ¿Y qué darían a cambio a la cedente? El primer lugar de la lista de candidatos plurinominales del PAN a la Asamblea Legislativa. Este burdo trueque daría al traste a la negociación que la dirigencia del PAN- DF sostiene con su candidata ciudadana , Isabel Miranda de Wallace, quien les había solicitado una candidatura para su sobrino en la cuarta circunscripción federal.

El panismo tradicional canceló ese acuerdo y, como premio de consolación, el joven Andrés Sánchez Miranda recibió la promesa de ir en el primer lugar de los pluris a la ALDF. Si Pedraza accediera a cederle su lugar a la exjefa de Los Pinos, por segunda vez le quedarían mal a la señora Wallace.

Al final, no hay otras perjudicadas más que mujeres talentosas y preparadas, impedidas de llegar al Congreso de la Unión no por la aplicación del marco normativo, sino por las componendas de los dirigentes partidistas.