En vísperas del primer año de Andrés Manuel ­López Obrador en Palacio Nacional, hace seis meses, eran escasas las voces que plantearan una ruta viable para plantarse frente a la Cuarta Transformación. El absolutismo del líder izquierdista en su receta para la transformación del país había sido la constante, desde el periodo de transición.

AMLO había ignorado olímpicamente a la oposición partidista y a los líderes de los organismos representativos de los sectores industriales y comerciales. Los magnates, con la ayuda de Alfonso Romo y Alejandro Esquer, encontraron la forma de acceder al despacho presidencial y plantear sus asuntos, al tiempo de que dieron un respaldo explícito al proyecto transformador del político tabasqueño.

Ni siquiera la promesa cumplida de someter el mandato presidencial a un referendo en las urnas despertó optimismo entre los actores políticos y empresariales irritados con el lopezobradorismo. Una facción del PAN, ajena al CEN y más proclive a la creelismo, entonces, dio un paso al frente, con la mira puesta en los comicios del 2021.

Entonces, se renovará la Cámara de Diputados. Sin tener las disposiciones normativas para que los actuales huéspedes de San Lázaro opten por la reelección, esos panistas saben que la irrupción de los partidos políticos que buscarán obtener el registro definitivo abonará a la fragmentación del voto, en los comicios intermedios del sexenio.

El objetivo, para ellos, son las 15 gubernaturas que estarán en disputa el año próximo, cuando el INE convocará a votar para la renovación de las 500 curules federales y, también, 30 congresos locales y un cúmulo de alcaldías en 30 entidades federativas.

Exentos de reelección y fuera de la égida morenista, esas gubernaturas buscarían ser refrendadas por la oposición, con figuras eminentemente locales, casi todos alcaldes o senadores: los panistas Maru Campos, en Chihuahua, y Luis Bernardo Nava, en Querétaro; el independiente Poncho Martínez, en Michoacán; el emecista Leoncio Morán, en Colima; el perredista Francisco Javier Castellón, en Nayarit; la priista ­Clara Luz Flores, en Nuevo León...

Entre ese cúmulo de figuras locales, el PAN estaría mejor posicionado. Y si en el 2021 lograran —aliados con MC, el PRD y otras fuerzas políticas locales— conquistar una decena de gubernaturas, estarían en una posición inmejorable para tratar de recuperar la presidencia de la República, dentro de cuatro años.

¿Y el PRI? La mitad de las gubernaturas que estarán en disputa —Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas— son gobernadas por representantes de ese partido. Y en ellas, Morena encabeza las encuestas de preferencia electoral.

Algunos sectores priistas, con la intermediación de poderosos empresarios, han entrado en contacto con dirigentes del PAN y Movimiento Ciudadano, para construir frentes electorales locales que permitan postular candidatos competitivos, para competir contra el aparato oficial.

¿Adiós al PRIMOR? Las negociaciones, interrumpidas por la contingencia sanitaria, estaban abiertas a explorar todas las opciones. En algunas entidades podrían armarse bloques opositores, en otras podrían surgir candidaturas comunes. El efecto demostración para esta última opción —de acuerdo con las fuentes consultadas— podría surgir en Sinaloa, donde amplios sectores del PRI y del PAN respaldarían al senador tricolor ­Mario Zamora Gastelum.

Con la mira en el 2021, los líderes partidistas han certificado y profundizado las negociaciones sostenidas por los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras federales, donde se ha construido un “bloque de contención” a las iniciativas presidenciales. La contingencia sanitaria ha movilizado también a gobernadores y líderes empresariales, quienes buscan construir un plan emergente de rescate económico y un programa integral de modernización sanitaria... por lo pronto.

El gobierno federal dio la espalda a ese gran acuerdo nacional. Y con la mira puesta en el 2021, AMLO insistió en acudir a las urnas el año próximo, para consultar al pueblo si continúa en la Presidencia de la República o renuncia.

“Que la revocación del mandato no sea hasta el (20)22”, ofreció el mandatario, “que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones el mismo día (el año próximo), es una tarjeta adicional, se va a votar por diputados, por autoridades locales, porque van a haber cambios en los estados y una boleta: ‘¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?’”, retó.

De acuerdo con la reforma constitucional aprobada hace un mes, la revocación de mandato será convocada por el INE a petición de por lo menos 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral, en una sola ocasión y durante los tres primeros meses posteriores a la conclusión del tercer año del sexenio.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.