Al momento de escribir el presente artículo, aún no se sabe el resultado de la consulta popular llevada a cabo en las colonias Roma y Condesa del DF sobre la instalación de parquímetros. Uno podría pensar que esto raya en lo ridículo, casi surrealista, siendo que la decisión debería recaer únicamente en el Jefe del GDF o en el jefe delegacional, mismos que fueron electos para gobernar, tomando decisiones que, en principio, buscarían el bienestar de la comunidad. Sin embargo, a pesar de lo ridículo que aparenta ser, no deja de tener relevancia porque lo que observamos en estas dos colonias, como en muchas otras de esta entidad federativa, al igual que en otras ciudades del país, es una abierta violación del Estado de Derecho.

¿En qué consiste esta violación? Las calles son un bien comunitario, un bien público. Sin embargo, éstas han sido apropiadas para beneficio privado por parte de los llamados franeleros o viene–viene, quienes cobran una cuota para permitir que los automovilistas puedan estacionarse; cobro que en realidad es una simple y pura extorsión y que -Transparencia Mexicana estima- le cuesta a los hogares mexicanos alrededor de 6,200 millones de pesos anuales. Una enorme cantidad de recursos que se apropian quienes no merecen otro calificativo que el de parásitos.

Pero más aun, estos mismos franeleros son a su vez extorsionados por funcionarios delegacionales (o municipales), así como por parte de los policías. Una red de corrupción.

La evidencia en colonias en donde se han instalado parquímetros, como Polanco, Lomas de Chapultepec y Juárez, indica que este solo hecho genera un benéfico efecto de reordenación urbana. En la colonia Polanco, por ejemplo, el tiempo promedio para encontrar un lugar para estacionarse pasó de 13 a tres minutos y los automovilistas ya no son extorsionados. Más aún, una fracción de lo cobrado en los parquímetros se utiliza en beneficio de las propias colonias, como son pavimentación, arreglo de banquetas, mantenimiento de parques y luminarias.

El caso de los franeleros no es el único ejemplo de la apropiación de bienes públicos para beneficio privado. El otro caso es el del comercio informal, que se apropia de las banquetas para instalar sus puestos, obstruyendo el tránsito de los peatones o, peor, poniendo en peligro sus vidas cuando, por la imposibilidad de transitar por las banquetas, se ven obligados a hacerlo por el arroyo vehicular. Pero, además, la enorme permisividad por parte de las autoridades locales para la instalación y operación del comercio callejero también encubre una enorme red de corrupción; los puestos los venden líderes (sic), quienes a su vez transfieren una parte de lo cobrado a las autoridades delegacionales o municipales. Otro ejemplo es el pago que hay que hacer, por arriba del derecho establecido en las respectivas leyes de ingresos (federal o estatales), para lograr la conexión a las redes de distribución de electricidad (federal) y agua (municipal). Nuevamente, tenemos el caso de utilizar un bien público para beneficio privado. Un ejemplo más de corrupción.

Estos tres ejemplos muestran que en México estamos muy lejos de vivir en un íntegro Estado de Derecho y eso cuesta mucho en términos del PIB no generado. Todos estos actos resultan en un juego de suma negativa. Los individuos que tienen que pagar al ser extorsionados y el país como un todos pierden.

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