Las políticas económicas y sociales que están haciendo más difícil la reproducción de la vida en México no son nuevas, sin embargo, en los últimos meses el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado un nuevo impulso a dichas políticas que, contrario a lo que se afirman, tendrán consecuencias negativas para la mayoría de la población.

Así, mientras la prensa económica del mundo ( The Banker, Financial Times, AméricaEconomía), y gurús de las políticas económicas ultraliberales (como Jim O'Neill, creador del término BRIC y que ahora quiere acuñar el término MINT para incorporar a México) elogian al gobierno de Enrique Peña Nieto y a su gabinete por el impulso de las llamadas reformas estructurales , en distintos grupos sociales del país hay temor, preocupación e irritación por dichas reformas.

Hace tiempo que millones de mexicanos están insatisfechos y se quejan por los bajos salarios autorizados año con año; hace tiempo que trabajadores con prestaciones sociales protestan contra de los recortes a sus derechos; hace décadas que miles de pueblos del país denuncian acoso y despojo sobre sus territorios por entes públicos o privados que se apropian de los bienes comunes. Todos esos reclamos, que no han sido silenciosos, no se han escuchado lo suficiente.

Las políticas económicas de libre comercio, apertura indiscriminada de la inversión privada, contención salarial, recorte de derechos y despojo sobre bienes comunes afectaron inicialmente a grupos de bajos ingresos. Se pensó que eso bastaría para hacer funcional el sistema de apertura económica radical, pero no fue así.

Esta nueva andanada de políticas ultraliberales apuntan tanto a la clase media, como comercios establecidos, industriales pequeños y medianos, profesionistas y trabajadores por cuenta propia, e incluso a medianos empresarios.

Para empezar, el 2014 arranca con alzas generalizadas de gasolina, transporte público (de 66% en el Distrito Federal y 16.6% en Guadalajara), a pan, refrescos, alimentos para mascotas, y nuevos regímenes fiscales que para 1.8 millones de comerciantes, entre ellos unos 700,000 familias que viven de una pequeña tienda de abarrotes.

Por eso ahora los reclamos están surgiendo de sectores medios, comerciales y pequeños empresarios. Las quejas ya no son sólo de asalariados sindicalizados con seguridad social (como a fines de los ochenta), ni de agroproductores o transportistas afectados por el TLCAN (como en los noventa), ni de comerciantes informales, pueblos indígenas y campesinos, como ha sido en la década pasada.

Ahora se quejan industriales establecidos, como la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canaimpa), cuyo presidente Erick Navarrete Aguilar advirtió que con la actual reforma fiscal, la informalidad en su sector podría crecer hasta 45% (ahora de es 30%).

Y mientras se aprieta el cerco fiscal sobre asalariados, profesionistas, tienditas, pequeños comercios, el gobierno de Peña Nieto condonó el año pasado 166,000 millones de pesos, sobre a todo a grandes industrias. Por ejemplo, a las mineras les condonó 7,235 millones de pesos.

Se está recargando la recaudación sobre las clases bajas, medias y pequeños comerciantes, mientras se condonan cantidades millonarias a las grandes empresas. Esa no es una política recaudatoria justa; eso significa apretar más la soga al cuello de quienes de por sí ya han pagado su cuota de sacrificios en estos años ultraliberales.

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