El modelo sectorial de los gobiernos priistas hizo de las organizaciones empresariales activos participantes en muchos de los cambios estructurales; aunque en algunos fueron escuchados y en otros no, pero sí fueron tomados en cuenta.

Si hay un sector que debe sentirse muy complacido con los resultados de la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, son los dirigentes de las organizaciones empresariales.

No es quizá el mismo sentimiento de muchos empresarios que difícilmente olvidarán los efectos del paquetazo fiscal del 2013, pero los que están en la cúpula empresarial tienen muy buenas calificaciones para estos primeros tres años.

De entrada, estas agrupaciones recuperaron la voz que habían perdido con los gobiernos panistas. Porque a los blanquiazules se les relaciona más con la iniciativa privada, pero a los priistas sin duda se les vincula con las organizaciones corporativistas.

Por ello no sería raro, quizá hasta deseable, que algunos de los dirigentes empresariales de estos tiempos priistas pudieran aparecer como candidatos tan pronto como el próximo año.

El balance que hacen las cúpulas comerciales, financieras o industriales de los tres primeros años del actual gobierno ha sido generoso, sobre todo cuando ensalzan el resultado de las 11 reformas estructurales.

Porque no hay manera de regatear que las buenas reformas sí han dejado dividendos a la iniciativa privada. La flexibilización laboral, los costos más bajos de la energía eléctrica, el acceso a más y mejores servicios de telecomunicaciones, mejor acceso a servicios financieros, etcétera.

El modelo sectorial de los gobiernos priistas hizo de las organizaciones empresariales activos participantes en muchos de los cambios estructurales. En algunos fueron escuchados, en otros no. Pero sí tomados en cuenta.

Y amor con amor se paga, por ello es que su balance es complaciente... hasta donde se puede.

Hay rubros donde el sector privado disiente, aunque, eso sí, de una forma discreta. Por ejemplo, en materia de combate a la corrupción, de mejora del Estado de Derecho y del manejo en las finanzas públicas del país.

No se levanta mucho la voz, pero dejan ver sus inquietudes. Por ejemplo, en materia financiera el brazo de análisis económico del Consejo Coordinador Empresarial deja ver, justo en esta mitad de sexenio, su inquietud por el crecimiento de la deuda pública.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destaca, porque es su obligación hacerlo, que tanto el aumento del déficit fiscal como del endeudamiento público son focos de atención.

Estos organismos empresariales saben las consecuencias de no tener disciplina en el manejo financiero de las cuentas públicas.

El diseño de manejo financiero del país, indica el CEESP, contempla déficits anuales durante todo el sexenio, lo que habrá de aumentar el endeudamiento público más allá de 50% del Producto Interno Bruto, como lo estima el Fondo Monetario Internacional.

Los representantes del sector privado tienen la obligación de señalar estos lastres que entienden como peligros y que saben muy bien que son temas delicados.

Pueden justificar las condiciones de crecimiento bajo y de baja recaudación en las circunstancias externas, no se trata de quemar en leña verde al gobierno que tanto los ha respaldado. Pero sí es su obligación poner el dedo en esa llaga que no se debe perder de vista: México está perdiendo su salud financiera.