Cada año la Barra de Abogados de los EU celebra una reunión de tres días en la ciudad de Washington, coincidente con las celebraciones por la llegada del Cherry Blossom. El evento reúne más de 4,000 expertos de 65 países. Entre los asistentes se encuentran abogados de empresa y externos, economistas, académicos y autoridades.

Este año hubo alrededor de 70 mesas de trabajo, las cuales abordaron temas en diversas categorías: procedimientos, mejores prácticas, técnicas económicas, actuaciones recientes de las autoridades, rol de la política de competencia y varias más.

El tema del cambio tecnológico y los nuevos gigantes fue abordado, aunque con menor énfasis que en el 2018, cuando se dio una gran relevancia a los temas de big data e inteligencia artificial. Ahora la discusión del antitrust se dirige hacia una revisión de sus fundamentos.

Los objetivos de la política de competencia y los estándares de eficiencia y bienestar empleados estuvieron presentes en diversas mesas de discusión. El antecedente es que en los años 70 las autoridades de competencia de EU adoptaron ciertos principios de la Escuela de Chicago para dotar de coherencia el análisis antitrust. Durante los años 60 las autoridades tomaron decisiones que han sido consideradas incorrectas y contradictorias. Por ejemplo, el caso Brown Shoe-Kinney, en el cual el gobierno de ese país impugnó una fusión entre productores y expendedores de zapatos, que tenían una participación menor a nivel nacional pero un traslape relativamente importante en unas pocas localidades. El caso ha pasado a la historia por sus errores notorios en la definición de mercado relevante y en la determinación de daño sustancial a la competencia. Otro caso notable fue la impugnación a la fusión entre Procter & Gamble y Clorox, aunque no existían traslapes, por generar eficiencias que podían traducirse en barreras a la entrada.

La Escuela de Chicago determinó que la política de competencia debía aplicarse para protección del mercado y no de los competidores. Estableció que había conductas vistas tradicionalmente como anticompetitivas, que podían aportar a la eficiencia, y favoreció la adopción de un estándar basado en los efectos sobre los consumidores. Con ello se logró dotar de mayor congruencia analítica a las acciones de las autoridades de competencia.

Ahora han surgido voces que cuestionan la vigencia de estos principios económicos. Diversos analistas señalan que el enfoque en el consumidor es insuficiente, pues ello deja descubiertos aspectos como los mercados laborales. Efectivamente, los efectos en el empleo han sido tradicionalmente ignorados en la cuantificación del impacto económico de las conductas que se encuentran bajo escrutinio de las autoridades de competencia.

Ahora, al menos del lado de EU, está permeando la postura de considerar los mercados laborales como mercados que requieren la misma atención y análisis que los mercados tradicionales de bienes y servicios. En este sentido, los dos últimos años han sido particularmente intensos en la revisión de acuerdos que impactan en el ámbito laboral, como los llamados no-poach agreements, que son acuerdos entre empresas por los cuales se comprometen a no contratar personal particularmente habilidoso para realizar tareas especializadas. El ejemplo más socorrido ha sido el sector de alta tecnología, en el cual hay escasez de técnicos altamente especializados.

Los acuerdos que restringen la movilidad del talento son vistos como perjudiciales pues tienen efectos equivalentes al control de insumos. Las autoridades de EU han emitido lineamientos para tratar estos casos y las empresas están revisando la manera en la que establecen restricciones de empleo que tradicionalmente van incorporadas en los contratos de fusiones y adquisiciones. La atención sobre los mercados laborales seguramente aumentará y probablemente impactará la manera en que se conduce la política de competencia en México.

*Consultor de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.