Se perfila en el Golfo de México el mayor desastre ecológico marino en la historia humana. Es un derrame de petróleo que al menos será 30 veces mayor en volumen al provocado por el Exxon Valdez en aguas de Alaska en 1989. Se vierten, según las estimaciones de esta semana, cerca de 60,000 barriles diarios (9.4 millones de litros), lo que suma 3.6 millones de barriles hasta hoy.

La empresa British Petroleum (BP) no espera contener la fuga antes de agosto, cuando se termine un pozo de intercepción y alivio, el cual se perfora a 1,600 metros debajo del nivel del mar. Para entonces, más de 7 millones de barriles de petróleo habrán inoculado letalmente las aguas del Golfo de México y devastado la costa desde Louisiana hasta Florida. Pero el verano es breve.

Anticipemos octubre y febrero, con una loop current invertida y circulando por el Golfo de México en sentido contrario a las manecillas del reloj, por un lado, y por el otro, frentes fríos con efecto de norte conduciendo hacia los litorales mexicanos manchas de petróleo de cientos de hectáreas de extensión.

Amplios segmentos en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, y posiblemente Yucatán no volverán a ser lo mismo en décadas.

El costo económico se vislumbra monumental y BP ha creado un fondo inicial de 20,000 millones de dólares para cubrir daños, procedimientos de contención, remediaciones e indemnizaciones. Sin embargo, esa cantidad no corresponde a la dimensión de la mayor parte de los impactos ecológicos.

Éstos son elusivos y muy difíciles de valuar monetariamente, por más que biólogos y economistas se esmeren en procedimientos contingentes de cálculo de gran pundonor académico.

Más allá de las afectaciones a la pesca y al turismo, no existen derechos de propiedad relevantes, tampoco usos comerciales directos ni preferencias reveladas ni mercados ni por tanto precios para especies no comerciales, ecosistemas y paisajes (¿cuánto vale cada una de las 1,500 ballenas de esperma que habitan en el área?). ¿Cuál será el costo del impacto sobre mares y costas mexicanos a partir de octubre? ¿Cómo reaccionar?

Esperemos al menos tres cosas del gobierno mexicano: la primera es que esté reclutando a los mejores abogados para emprender una acción judicial pertinente conforme a derecho internacional. ¿Contra BP o contra el gobierno estadounidense? La pregunta no es ociosa si los pasivos superan el valor de capitalización de la empresa y ésta se acoge a un procedimiento de quiebra.

La segunda es la preparación de un plan de respuesta coordinado entre la Secretaría de Marina-Armada de México, Gobernación, Pemex y la Semarnat, desde luego involucrando a estados y municipios potencialmente afectados. Es difícil imaginar su alcance y acomodarlo dentro de las capacidades directivas actuales y manifiestas de nuestra administración pública.

La tercera es la construcción de un iné­dito aparato de regulación ecológica para actividades petroleras en aguas profundas, que seguramente llevará años, y el concurso enciclopédico de numerosísimos expertos internacionales; desde luego, antes de cualquier intento de explotación.

Aterra imaginar un desastre similar sucedido del lado mexicano, en verano, con vientos y corrientes en dirección norte. Hubiese desencadenado una crisis demoledora de seguridad nacional, en la medida en que pondría al Estado contra las cuerdas (aún más) y en la relación bilateral con Estados Unidos.

Este funesto episodio es capaz de desencadenar acontecimientos políticos no previstos y poner a prueba a nuestros gobiernos, debilitarlos o fortalecerlos. Puede, también, acelerar o frenar la transición energética y la disposición de lucha contra el cambio climático en Estados Unidos y, por tanto, en el mundo. La historia se tuerce en puntos de inflexión ines­perados. Habrá sorpresas.