El jueves pasado, el gobierno de Estados Unidos (EU) anunció que a partir del 1 de junio las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, Canadá y la Unión Europea, que habían sido exentados de la imposición de aranceles de 25% para el acero y de 10% para el aluminio que el presidente Donald Trump había anunciado el 8 de marzo pasado, quedarían sujetas a esos niveles arancelarios. Se trata sin duda de una decisión controversial, poco seria, que genera incertidumbre y que atenta contra el andamiaje de reglas que desde hace varias décadas se han acordado con el propósito de promover y facilitar el comercio internacional, que además terminará por afectar a los consumidores en EUA.

La administración Trump dice que su decisión tiene fundamento en la sección 232 de la Ley para la Expansión del Comercio, promulgada en EUA en 1962. Se trata de una disposición legislativa muy controversial, diseñada y puesta en vigor en los momentos en que el mundo vivía la etapa más complicada de ese periodo de la historia universal que ahora conocemos como la Guerra Fría. Dicha disposición otorga facultades al presidente de EUA para imponer restricciones a las importaciones para proteger la seguridad nacional.

Esa disposición invocada por Trump contiene un lenguaje relativamente amplio respecto a lo que puede considerarse como amenazas a la seguridad nacional, por lo que hace a la capacidad doméstica para producir los requerimientos para la defense nacional que hayan sido estimados. Entre ellas se encuentra el efecto que las importaciones de determinado bien o mercancía pueden generar sobre la capacidad de la industria doméstica involucrada en la producción de ese bien que incluyen no sólo la producción, sino también niveles de inversión, empleo e ingresos del gobierno, entre otros.

El fundamento utilizado por EUA pondrá a prueba el andamiaje de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio (OMC), consolidado a partir de enero de 1995, cuando entró en vigor el acuerdo que dio vida a la propia OMC. Se trata sin duda de una prueba de fuego. En primer lugar, porque EUA seguramente argumentará que su decisión cae dentro de las excepciones previstas en el artículo XXI del GATT de 1994, incorporadas para permitir a los países miembro o parte de la OMC que puedan adoptar medidas que tengan por objeto el proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad nacional. Se trata de una excepción que prácticamente no ha sido objeto de controversias, porque los países miembro, salvo algunas excepciones, se habían abstenido de recurrir a su uso o abuso.

La decisión de Donald Trump es sin lugar a dudas proteccionista. Es la marca de un gobierno populista, que desprecia la seriedad y el respeto, no sólo por las reglas establecidas, sino también por la interpretación sistemática que se haya hecho de ellas. La medida es altamente preocupante, no sólo para México, sino para todo el mundo, el conjunto de reglas y compromisos que han permitido que el comercio mundial haya crecido de manera sostenida en los últimos 23 años.

Se trata de una bravuconería del gobierno de Trump que además genera un riesgo importante de recesión sobre la economía mundial. En este contexto no debe soslayarse que México ha sido muy responsable del cumplimiento de las reglas y los compromisos que ha asumido en los distintos acuerdos internacionales, además de continuar mostrándose como un socio serio y consistente. Es de reconocerse que México ha actuado en este contexto con firmeza y con la prudencia que amerita una circunstancia como ésta. Enhorabuena por la decisión de denunciar ante la OMC esta decisión unilateral de EUA.

Frente a este contexto, reitero mi convicción de que el mejor hombre para hacer frente a estas amenazas e incertidumbre internacional es José Antonio Meade. Los demás sólo han ofrecido ocurrencias y exabruptos que no solucionan nada.

*El autor es senador de la República.

Gerardo Flores Ramírez

Senador de la República

Ímpetu Económico