Existe una gran ventaja de invertir a través de una sociedad en lugar de hacerlo a título personal. La sociedad tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; por lo tanto, los socios aíslan el riesgo personal y tienen el incentivo de invertir más, contratar crédito, emplear trabajadores y, en general, ser mucho más agresivos en sus estrategias de negocios. No menos trivial, la constitución de sociedades favorece la formalidad con todos los beneficios que ello implica en términos de inversión, seguridad social, recaudación fiscal, entre otros.

Lo anterior nos arroja una conclusión por demás clara: es importante facilitar el proceso de constitución formal de sociedades, sobre todo para que el microempresario trascienda al esquema societario. Un estudio reciente de la Comisión Federal de Competencia confirma que la penetración de actas constitutivas es baja en el caso de micronegocios (18% con datos del 2008), a pesar de los beneficios que ofrecen los esquemas organizados.

Lo anterior se explica en gran medida por la falta de flexibilidad y altos costos para acceder y operar a través de una sociedad. La Ley General de Sociedades Mercantiles, que data de 1934, no distingue más allá de tipos genéricos de sociedades mercantiles, los más recurridos siendo la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Pero el procedimiento de constitución y las reglas corporativas aplican de igual forma para una empresa multinacional, una fábrica intensiva en capital, un negocio familiar o una lonchería. No importa el monto del capital, el número de socios, el giro o tamaño de la empresa: es la misma caja para todos.

Un primer tema que debe revisarse con atención es la obligatoriedad de contratar fedatarios públicos para la constitución de sociedades cuyo contenido estatutario es sencillo o estandarizado (como sucede en la gran mayoría de los casos), sobre todo porque ese paso implica el grueso del costo de constitución. Cierto, es importante velar por la integridad legal del documento que da origen a una sociedad, pero existen medios mucho menos restrictivos para alcanzar ese objetivo, por ejemplo, mediante el uso de formatos o modelos preautorizados, como sucede en Portugal. Un elemento todavía más relevante, el de la publicidad de la empresa, se consigue mediante la inscripción al Registro Público de Comercio. Este elemento, que no depende del fedatario, no tendría que cambiar.

Cabe destacar que en la actualidad un sinfín de actos jurídicos de alta relevancia sólo requieren la forma escrita: arrendamientos, préstamos, compra-ventas, endosos, etcétera. En muchos estados del país se reconoce el testamento ológrafo, es decir, el que se formaliza con el puño y letra del testador. En fin, no sería cosa descabellada el que una sociedad pueda constituirse mediante mero contrato escrito entre los socios, como de hecho sucede en otras jurisdicciones.

Un segundo tema radica en promover condiciones de competencia efectiva en el mercado de la fe pública, es decir, entre los notarios y corredores. Derivado de una jurisprudencia vigente de la Suprema Corte, los corredores están impedidos para hacer constar poderes otorgados por las sociedades, lo que en la práctica desincentiva la contratación de corredores para la constitución de empresas. ¿De qué sirve constituir una empresa un día pero no estar en aptitud de tramitar un poder al día siguiente? Este criterio genera una distorsión irracional y debe ser superado mediante las reformas que al efecto sean necesarias.

Un tercer tema consiste en establecer una figura de sociedad simplificada que, como su nombre lo indica, opere bajo el amparo de un régimen más simple, por ejemplo: reglas especiales en materia de asambleas, órganos de administración, requisitos de capital mínimo, formalidades, entre otros aspectos que hagan más fácil y barato operar una sociedad que por sus características no amerita un entorno altamente regulado. Asimismo, debemos dejar atrás la idea anacrónica de que las sociedades requieren cuando menos dos socios. En los hechos muchas sociedades son unipersonales y la ley debe reconocerlo, con las simplificaciones que ello traería consigo (por ejemplo, las reglas societarias que regulan la relación entre socios saldrían sobrando).

Desde luego que la constitución es apenas el inicio. Los verdaderos problemas vienen después, cuando en la fase de operación la empresa se enfrenta no únicamente a las diversas capas geológicas de regulación, sino también a la discrecionalidad de las autoridades administrativas, especialmente en el ámbito local. Por ello la mejor fórmula siempre será fomentar un entorno regulatorio procompetitivo que no asfixie al microempresario con costos de transacción ociosos, que disminuya oportunidades de corrupción y fomente la actividad empresarial.