Luego del banderazo del Congreso de la Unión, la ciudad de México estrena una reforma política que supone su transformación legal e histórica. La alerta sísmica de la política capitalina se ha activado y la sacudida alcanzará a todo México. El epicentro se localiza en los 54 artículos modificados y dos derogados de nuestra Constitución. Los movimientos más resonantes serán el cambio de nombre oficial: adiós Distrito Federal, bienvenida Ciudad de México (CDMX), la condición de Estado 32 y la transición de delegaciones políticas hacia alcaldías trianuales. Sin embargo, debajo de estos movimientos subyacen vibraciones que impactarán al pacto federal.

Conocidos son algunos cambios que vienen, pero las grandes sorpresas están por venir. Provendrán del centenar de legisladores unos preparados, otros de relleno en su mayoría electos por ciudadanos pero también electos por el Congreso de la Unión, por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien atinadamente dijo que buscará un mecanismo para ceder a expertos y representantes de la sociedad la facultad de conformar la Constitución que sustituirá al actual Estatuto de Gobierno.

Un gobierno es para el bien de todos, o no es gobierno. La cuna de la entonces gran Tenochtitlan y bastión de la conquista española en nuestro territorio integrará una sociedad que encarará nuevas circunstancias, aunque quizá no con tan novedosas instancias. Al menos eso nos cuenta la historia. Por mencionar algunos conceptos, la Constitución de la Monarquía Española, promulgada en 1812, instituyó los ayuntamientos en los pueblos que conformaban nuestro territorio, así como los cargos de jefes políticos, alcaldes, regidores y síndicos electos por votación. ¿Suena familiar?

Años después, en 1824, el artículo 50 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos determinó que era facultad del Congreso elegir una residencia para los supremos poderes de la Federación y creó un Distrito Federal con la estructura de ayuntamiento. Posteriormente, la capital mexicana sufrió cambios en su estructura territorial y de gobierno al pasar de municipalidad, a departamento y luego a Gobierno del DF.

Ahí están las municipalidades establecidas en 1903 y mantenidas en la Constitución de 1917, así como las reformas constitucionales de 1928 que suprimieron el sistema municipal para dar el mando al presidente, y más recientemente las de 1993, que abrieron un nuevo marco para la organización política de la ciudad. Sin embargo, las deudas y pendientes con sus ciudadanos no han quedado saldadas, de ahí que esta reforma 2015 reclame un lugar importante en la historia de esta región central. Tanto cambio no puede ser sólo en beneficio de la clase política.

Empujón al federalismo

La reforma política supone una revolución desde la capital, más allá de leyes nuevas pero con políticos de siempre. Por encima de consideraciones legales, técnicas y del indiscutible impacto local, la reforma CDMX repercutirá en todo el sistema político nacional. El viento federalista se fortalece frente al centralismo históricamente imperante en México. Hablamos del avivamiento de un debate no del todo resuelto desde la fundación de la República.

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