Los llamados expertos en el análisis de los índices de precios ?desestiman el pronóstico del Banco de México para el 2017 y destacan que será de 4.3% en lugar de 3.1 por ciento. Sin embargo, la realidad que se observa, no en los escritorios, sino en los pisos de los comercios y proveedores de productos y servicios en general, es del todo diferente. La escalada de aumentos de precios ya comenzó y tal parece no tiene barreras de contención alguna. Tales pronósticos estadísticos reflejan una vez más el falseamiento de la realidad.

Y los ciudadanos nos preguntamos en qué país paradisíaco viven los que hacen tales estimaciones porque en este México las cosas cotidianas son totalmente diferentes. Baste señalar algunos datos que desmienten la veracidad de tales pronósticos: la devaluación del peso frente al dólar; el aumento de las gasolinas para el 2017; la revisión casi segura del aumento de las tasas de interés para tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios para la compra de viviendas; el alza de precios de alimentos nacionales y de importación; el incremento del cemento (11%) y de los materiales para la construcción; el aumento, ahora en el estado de Nuevo León y, con alta probabilidad se extienda por imitación al resto del país, de los impuestos prediales, del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), del impuesto a las bebidas al alcohol de 4.5% adicionales a los otros impuestos con que ya están gravados estos productos. Con aparente justificación se aprueba aumentar de 2 a 3% el ISAI, lo cual se convierte en un factor inhibitorio para la compra de casas. Y con cinismo ramplón dicen si sólo es 1% cuando en realidad están aumentándolo en 50 por ciento.

Los aumentos de los costos de productos y servicios de los sectores públicos y privados los presentan como absolutamente justificados e incapaces de impactar la tendencia al alza de la inflación en México. Ya no son presiones inflacionarias. Son hechos reales. ¿Podríamos imaginar con optimismo que sólo estamos al borde de un precipicio inflacionario como ya lo hemos sufrido en otras épocas? O bien, ¿que ya vamos en caída libre al precipicio inflacionario?

Al margen de cuestionar los aspectos metodológicos para la elaboración de los diferentes precios, habría que preguntar a las autoridades por qué razones no se disminuye el gasto corriente y se armoniza la política fiscal con la política monetaria. Hasta el momento, no hemos escuchado los ciudadanos ninguna acción para reducir los salarios, prestaciones y privilegios de los diputados y senadores, ministros de las Cortes de Justicias, de los gobernadores, de los secretarios de la Federación y de los altos funcionarios de las tantas comisiones nacionales cuya eficacia se desconoce. Hasta ahora sólo un reducido número de diputados han expresado que no aceptarán el bono navideño. ¿Y los demás? El gobierno ya soltó la jauría hambrienta de los gobiernos estatales y municipales para que aumenten la recaudación a como dé lugar y la propia Federación está haciendo lo mismo. El ajuste debiera ser equitativo no sólo a cargo del último causante y consumidor. La población reclama con razón que los gobernantes ladrones devuelvan los dineros robados de las arcas. La población reclama que la transparencia sea real y no sólo tema de discursos y declaraciones a la prensa para adornarse como salvadores de la patria. Lo doloroso de una política fiscal equitativa que se oriente a crear empleos y reducir el sobreendeudamiento para financiar el gasto corriente debe ser aplicada primero en el ámbito gubernamental y no en contra de la ciudadanía en general. No debiera haber dudas sobre parar en seco la corrupción omnipresente y la impunidad cínica de los políticos de todos los partidos. Una política fiscal equitativa debe pensar en el otorgamiento de incentivos a los últimos causantes y consumidores y creadores de empleos.