El presidente tenía otros datos, cuando el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, respaldó el cálculo sobre los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, que —según consta en el informe de la Cuenta Pública 2019 entregado a la Cámara de Diputados—serían más de 331,966 millones de pesos.

El reclamo presidencial, en la mañanera del 24 de febrero pasado, ni siquiera amainó cuando el auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael, fue suspendido temporalmente de sus funciones. El titular de la ASF encargó al auditor especial de cumplimiento, Gerardo Lozano Dubernard, que encabezara el equipo que dictaminaría la verdad, junto con los representantes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Un mes de polémica y la creciente exigencia de sectores morenistas, que pugnaron por el despido de Colmenares Páramo quedaron zanjados justo un mes después, cuando concluyeron que los costos erogados en la inversión de la construcción del NAIM y la terminación anticipada de los contratos de esa megaobra, hasta el 31 de diciembre del 2019, sumaban 113,327 millones de pesos.

Sería la última vez que el titular de la ASF encargaba rescatar su credibilidad a Lozano Dubernard. Ambos estrenaron sus cargos hace tres años, cuando Colmenares Páramo fue electo por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura federal. En la integración del equipo, el nuevo auditor superior de la Federación decidió la remoción de la directora de auditoría forense, Muna Dora Buchahin y al auditor especial de cumplimiento —su superior jerárquico— le tocó comunicar la decisión.

Entonces comenzó una guerra de baja intensidad que se intensificó con la primera modificación del Reglamento Interno. Tres años después y zanjada la polémica con el Ejecutivo federal por la cuenta pública del 2019, la ASF atraviesa nuevamente por una polémica generada por sus funcionarios.

La burbuja con la que el titular de la ASF arrancó su periodo de nueve años paulatinamente se ha achicado, pero al mismo tiempo se ha hecho más pudiente. En la centralidad de ese grupo están Emilio Barriga, Eber Betanzos y Víctor Manuel Andrade, hermano del último secretario de la Función Pública de la administración peñista. Con el nuevo reglamento interior, ambos ampliaron sus funciones sustantivas.

Además de la afectación sufrida por la Auditoría de Cumplimiento Financiero, también desaparecen la auditoría interna y el Consejo de Dirección. Sobre el debilitamiento institucional y la purga en ciernes, Lozano Dubernard evita formular generalizaciones. “Me voy porque entiendo que el servicio público no es obediencia ciega o subordinación absoluta”, sostiene.

Sobre el clima laboral —enrarecido por la frecuente socarronería del jefe y los insultos de sus colaboradores más cercanos a mandos medios y superiores— tampoco quiere abundar. Y ante las señales sobre sobre una embestida en ciernes, empero, se declara en pie de lucha. “Estoy dispuesto dar la cara y defender mi trabajo y mi reputación. No me queda otra opción”.

Colmenares Páramo designó a la extesorera de la Federación, Claudia Bazúa, como nueva auditora especial.

Efectos Secundarios

INMINENTES. En las próximas 48 horas, el Inegi y Banco de México harán públicas las listas de los aspirantes a comisionadas a ocupar las vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFT. Las ternas, reservadas para mujeres, deber ser enviadas al Ejecutivo federal, que a su vez, haga su propuesta al Senado de la República donde ya se procesa la designación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sus iniciales? Loretta Ortiz.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.

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