México exige mirar ya a lo que sigue: al frente. Un nuevo gobierno dividido, como el que se anticipa, plantea a los políticos la disyuntiva entre mantener a nuestro país sin proyecto nacional y a la deriva o por fin colocarlo en un carril directo de desarrollo acelerado y sostenible para la primera mitad del siglo XXI. Lo primero implicaría una peligrosa decepción con nuestra democracia y onerosos costos sociales: desempleo, más pobreza y oportunidades perdidas. Es inaceptable. Lo segundo implica patriotismo verdadero, generosidad, visión, capacidad de diálogo y negociación, y desde luego nuevos liderazgos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, en los propios partidos políticos, en la sociedad civil, en los sindicatos y en los medios de comunicación.

La izquierda debe reconstituirse aprovechando los espacios ganados y el eclipse final del populismo mesiánico; Marcelo Ebrard, Miguel Mancera, Manuel Camacho, Graco Ramírez, Arturo Núñez y las corrientes más civilizadas del PRD pueden ahora construir un partido socialdemócrata, moderno y ceñido por la legalidad. A Enrique Peña Nieto y a su partido les toca, de manera indeclinable, tejer acuerdos y hacer un gobierno incluyente, plural, competente y meritocrático. El próximo Secretario de Gobernación debe ser una pieza clave, desde ahora, en la conducción política de la reformas estructurales: energética, laboral, fiscal (incluyendo eliminación de subsidios a combustibles), política y educativa. De hecho, las cuatro primeras deberían de pactarse y promulgarse antes del 1 de diciembre. Es preciso que el PAN, con lealtad a sí mismo y al país, se sume, así como los segmentos más visionarios del resto del espectro político representados en el Congreso. La reforma por la calidad educativa debe lanzarse el primer día del nuevo gobierno, a través de un gabinete encabezado por el Secretario de Gobernación, responsable de coordinar a los titulares de Educación, Trabajo, Hacienda y Seguridad Pública, comprometiendo con firmeza desde luego a la dirigencia magisterial.

La lucha contra la delincuencia ha de pasar a una nueva etapa, con mayores capacidades de inteligencia y combate al lavado de dinero, fuerzas especiales de élite y estrategias regionales diferenciadas. Peña Nieto debe asumirse como adalid en la edificación de una policía federal de clase mundial y en la creación de mandos únicos policiacos en cada entidad federativa, disolviendo o incorporando a las policías municipales. Asimismo debe de empeñarse en que se implemente a fondo la reforma penal en todos los estados antes del 2016.

Consolidar los avances recientes en materia de competencia en telecomunicaciones debe ser otro de los puntos centrales de la agenda para Enrique Peña Nieto, así como extender y explotar al máximo la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para lograr cobertura total de banda ancha en el país como nuevo derecho social. Igualmente lo son resolver a largo plazo los pasivos laborales del sector público y avanzar hacia un sistema universal de protección social, de calidad y convergencia entre los tres sistemas existentes (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular). El Programa Oportunidades debe ampliarse para combatir con eficacia la pobreza extrema, reincorporando políticas de planificación familiar. Turismo, cultura y deporte exigen cambios sustanciales, tanto en el diseño institucional como en políticas públicas sectoriales. Es vital una verdadera política industrial que permita ensamblar cadenas de valor en los clústeres regionales, acoplada a una nueva institucionalidad en ciencia y tecnología.

Igualmente lo es emprender proyectos estratégicos de infraestructura hasta ahora aplazados, como factores de desarrollo y señal de capacidad política y certidumbre, tal es el caso del nuevo aeropuerto en Texcoco y de un tren de alta velocidad del Distrito Federal al Bajío y Guadalajara. México exige recuperar su liderazgo en el contexto internacional, relanzar una política exterior de principios que realmente sirva a los intereses del país, promover la integración con Centroamérica y con la Alianza del Pacífico, negociar un acercamiento económico con China y aprovechar plenamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Una prioridad absoluta es revertir el desastre urbano causado por los organismos de vivienda, sujetando al Infonavit a nuevas políticas dentro de una nueva Secretaría de Ciudades y Vivienda, junto con la Conavi y el área de desarrollo urbano de la actual Sedesol.

El desarrollo económico debe asegurar una sólida dimensión de sustentabilidad, incorporando en la actual Semarnat a la promoción decidida de las energías renovables, así como a una nueva Agencia Mexicana de Mares y Costas, al tiempo que se fortalecen las políticas de regulación ambiental y en materia de agua, conservación de la biodiversidad y cambio climático. El campo demanda una nueva reforma agraria del siglo XXI, ahora para la competitividad y la sustentabilidad, en la que el desarrollo tecnológico eleve la productividad por hectárea, se compacten minifundios, se conserve el agua y se evite la deforestación, rediseñando los subsidios de Procampo y Progan.

Atrás ha de quedar la política populista, facciosa y sin contenidos que traiciona a nuestra democracia. El reto es formidable. México puede y debe asumirse como potencia emergente, y ser un país desarrollado y sustentable en una generación.

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