La noticia es que en el próximo mes patrio de septiembre se dará el banderazo para que arranquen las asociaciones público-privadas (APPs). Se espera que detonen un mayor crecimiento económico en el país.

El cálculo del equipo que ha venido trabajando en la elaboración del reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas es que el presidente Felipe Calderón podrá publicar en el Diario Oficial de la Federación el reglamento con cuatro meses de anticipación al plazo de un año que se dispuso para emitirlo.

La fecha fatal es el 16 de enero del 2013 pero, en virtud de la urgencia y de los efectos favorables que se espera que genere en la economía nacional, se aplicó la mayor velocidad posible en su elaboración y su emisión podría adelantarse cuatro meses.

Reglamento evita ?regulación excesiva

El enfoque que le dio el equipo de trabajo que elaboró el reglamento de la APPs es evitar la regulación excesiva en las actividades que prevé la ley respectiva. Al mismo tiempo, se buscó brindar certeza jurídica a los contratantes y al Estado y flexibilizar la actuación de la autoridad para darle agilidad a la evaluación, aprobación, contratación y desarrollo de los proyectos.

También se procuró reducir los costos de participación a los particulares y reafirmar temas fundamentales como la posibilidad de pactar medios de resolución alternativa de controversias sobre el cumplimiento y rescisión de los contratos.

¿Son pocos nueve meses de gestación?

Bueno, pero y ¿por qué tanto tiempo para elaborar un reglamento de una ley tan peleada y promovida como uno de los instrumentos más efectivos para impulsar las inversiones?

Bueno, pues, la verdad es que la elaboración del reglamento implica una enorme complejidad por las actividades que regula la Ley de APPs, las materias que comprende y las dependencias federales que involucra en su aplicación.

De ahí viene que el propio Congreso de la Unión dispusiera en el artículo tercero transitorio de la propia ley un plazo de un año para que el Ejecutivo federal pudiera emitir el reglamento.

Gestación y consulta

Durante los primeros cuatro meses, se concentraron los esfuerzos en elaborar un proyecto preliminar de reglamento. Este proyecto fue circulado entre las distintas dependencias y organismos de la administración pública involucradas para obtener sus comentarios.

En el mes de mayo pasado se llevaron a cabo reuniones de análisis y discusión del RL APPs con organismos representantes de los sectores empresarial, de la construcción, financiero, entre otros.

Durante los meses de junio y julio, el grupo de trabajo llevó a cabo el procesamiento de todos los comentarios recibidos y dedicó largas sesiones a resolver las divergencias jurídicas y técnicas que surgieron sobre los temas centrales del reglamento. Hay que recordar que la aprobación de esta iniciativa de ley llevó más de dos años de análisis en el Senado de la República.

La controversia más importante giró en torno de la presunta privatización de los servicios públicos y de la infraestructura del país.

Al final fue superada bajo el argumento de que la Ley de APPs lo que busca es aliviar las limitaciones presupuestales del gobierno con la inversión privada garantizando que la infraestructura al final se mantenga en manos del Estado. Uno de los legisladores que impulsó con fuerza tanto las modificaciones al proyecto original como la aprobación de esta iniciativa fue el priísta Ildefonso Guajardo, quién mostró una enorme capacidad de negociación política, no sólo en este caso, sino también en la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica.

Límites a iniciativa original

Al final, la iniciativa fue aprobada en el Senado de la República con 65 votos en favor del PAN, PRI y PVEM, y 13 en contra del PRD.

El dictamen aprobado validó los cambios realizados por los diputados.

Entre ellos, ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a justiciar 100% de la utilidad de asociarse con la Iniciativa Privada (IP) para la construcción de infraestructura.

Además, se dan mayores dientes de control a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de a Federación para evitar actos de corrupción en las licitaciones.

Se impide la prórroga automática a los contratos cuando éstos se hayan demorado por causas ajenas al gobierno y se contempla la rescisión del contrato cuando la IP no cumpla lo pactado.

Los límites a la iniciativa calderonista fueron que el gobierno y la IP se podrán asociar sólo para la construcción total o parcial de infraestructura nueva, mas no para la mejora de la ya existente, como lo planteaba la iniciativa originalmente. Y dispone que, mediante CompraNet, se adjudiquen los contratos a la IP, los cuales serán por 40 años y no por 50, como propuso Calderón.

CUENTOS VERAS

Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y flamante coordinador de la fracción panista en el Senado, fue designado por Naciones Unidas a título personal como miembro de la Junta de Gobierno del Fondo Verde, principal vehículo financiero para afrontar el cambio climático. Ayer se reunió por primera vez esta Junta en Ginebra y Cordero asistió en viaje relámpago.

Twitter: @marco_mares

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