Al margen de los acuerdos cupulares, en cumplimiento de los términos de la convocatoria lanzada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Sergio ­Jesús González Muñoz y Ricardo Garza ­Espíritu, aplicaron para ser titulares de los Órganos Internos de Control del INE y el Inegi.

Los encargados de esas posiciones —junto con las contralorías del IFT, el INAI y la nueva Fiscalía General de la República— serían electos por el pleno de la Cámara Baja. Al término del procedimiento de selección, González Muñoz y Garza Espíritu resultaron los candidatos más aptos, entre el cúmulo de aspirantes evaluados.

Ninguno, empero, resultó electo. La irrupción de último momento de enviados presidenciales —sostienen legisladores enterados de esas presiones— afectó al líder de la mayoría morenista, Mario Delgado Carrillo, y al presidente de la Comisión Anticorrupción, el petista Óscar González Yáñez. Finalmente, esas posiciones fueron para dos cercanos a la 4T: Manuel Rodríguez Murillo y Jesús George Zamora. Como titular del OIC de la fiscalía fue designado Arturo Serrano Meneses.

El acompañamiento de la sociedad civil a las comisiones dictaminadoras, en esos procedimientos, ocurrió de principio a fin. De igual manera, en la elección de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procesada en el Senado.

Valga la mención de estas experiencias, en vísperas de la selección de los candidatos a las cuatro consejerías del INE, que serán electos en San Lázaro. Y la próxima convocatoria para la designación de dos nuevos integrantes del pleno del INAI en la Cámara alta.

Acompañamiento... ¿sin incidencia? El contraejemplo ocurrió, simultáneamente, en el nombramiento de las titulares de las fiscalías especializadas en materia de Combate a la Corrupción y de Derechos Humanos, realizados hace seis meses por Alejandro Gertz Manero.

La organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano acudió a los tribunales para reclamar que ambos nombramientos —que recayeron en María de la Luz Mijangos Borja y Sara Irene Herrerías Guerra, respectivamente— marginaran la participación de organizaciones civiles, defensores ni víctimas, ni existió publicidad ni transparencia en el proceso. Ello, a pesar de las obligaciones expresamente previstas en los artículos 22 a 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

A finales de la semana pasada, en sentencias dictadas por separado, dos jueces de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvieron sobreseer las causas, pues DLM carece de interés legítmo para impugnar los nombramientos realizados por el fiscal Gertz Manero.

“Las sentencias dictadas, además de librar al fiscal general de México de rendir cuentas por sus actos irregulares y arbitrarias, imponen a las organizaciones civiles y a sus asociados cargas excesivas para demandar en juicio actos del Estado que violen los derechos humanos de las personas”, se quejó Carlos G. Guerrero Orozco, presidente del consejo de directores de DLM, y adelantó que analizarán presentar un recurso en contra de las sentencias, cuyo trámite, revisión y resolución se llevará a cabo ante Tribunales Colegiados en la Ciudad de México.

Y mientras, las fiscales especializadas seguirán sin asumir plenamente sus funciones.

Efectos secundarios

AMPARADOS. Incluso antes de la expedición de la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, mandos medios y superiores de distintas dependencias, así como de los órganos autónomos acudieron ante el Poder Judicial para que su salario no fuera afectado por esa disposición, ni por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Remuneraciones o los manuales respectivos. Poco a poco, algunas de esas promociones han sido atendidas por jueces y magistrados, para el efecto de desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos las normas que disminuyan sus prestaciones, percepciones y remuneraciones, toda vez que no existe un parámetro objetivo para determinar el salario del presidente. Aparte están los técnicos especializados, como los del INE...

¿FUEGO AMIGO? Hace dos años, Mara Lezama llegó a la alcaldía de Benito Juárez, Quintana Roo, bajo las siglas de Morena, y en el 2021 podría buscar la reelección... si logra sortear los cuestionamientos formulados por su evolución patrimonial. Y es que a la par de su incursión en la política, el patrimonio de su familia se incrementó al grado de tener bienes inmuebles con un valor catastral de 15 millones de pesos, casi 40 millones de pesos a valor comercial. Una investigación periodística reveló que en diciembre del 2018, ya como presidenta municipal, su hijo, Daniel Berrón, adquirió un exclusivo departamento en el conjunto Marina Condos & Canal Homes de Puerto Cancún, cuyo valor comercial es de 845,389 dólares.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.