Durante meses la batalla del gobierno federal para eliminar la subcontratación (outsourcing) ha estado en un constante estire y afloje; mientras que el sector empresarial busca regularlo para erradicar prácticas abusivas y dotar de eficiencia al mercado laboral, la 4T busca eliminar por completo una herramienta que abre la puerta al desarrollo y da certidumbre a los inversionistas. Todo parece indicar que esta semana los Diputados Federales discutiremos el tema en el pleno, algo que personalmente me preocupa, pues considero que los efectos negativos pueden sobrepasar por mucho sus beneficios.

Para explicar esto mejor, es importante señalar lo bueno y lo malo de este acuerdo alcanzado entre el Gobierno Federal y el sector privado; es decir, ¿dónde ganamos y dónde perdemos?

Si bien el acuerdo establece que se prohibirá la subcontratación de personal, uno de los logros alcanzados es que las empresas podrán seguir subempleando, a través de este mecanismo “servicios especializados” distintos a su actividad económica preponderante, permitiéndoles preservar, hasta cierto punto, sus esquemas de operación.

Ahora, no me mal entiendan, como economista considero que prohibir el outsourcing poco hará para evitar las malas prácticas de contratación que existen en el país, más bien fomentará la informalidad y la pérdida de más de 2 millones de empleos; no obstante, con el acuerdo alcanzado, ahora las empresas tendrán un panorama más claro para la toma de decisiones en torno a la contratación de su personal, lo que al menos les da un marco de referencia. Pero no puedo negar que este acuerdo sigue presentando graves riesgos, especialmente para la estabilidad de las empresas contratantes.

Primero deja total responsabilidad de los empleados contratados mediante este esquema a la empresa en donde se desempeñan, con sanciones tan altas, que quizás ya no tenga mucho sentido la subcontratación, incluso en la parte especializada. Esto va completamente en contra de los principios de simplificación administrativa y más bien lo que deberíamos de estar asegurando es que esta responsabilidad recaiga en las autoridades competentes, como el SAT, IMSS e INFONAVIT. Es decir, las empresas contratantes sólo deberían consultar si sus convenios cumplen o no con lo establecido en la Ley, en lugar de verificarlos por sí mismos.

Otro problema es el limitado tiempo de tres meses para regularizar la subcontratación que tengan y que este personal pase a formar parte de la nómina del patrón real. Son miles de empresas que operan en el país y que no cuentan con los recursos o la experiencia para realizar estas operaciones de manera directa, algo que seguramente resultará en mayores costos, empleos perdidos y contrataciones informales.

El reparto de utilidades, un derecho constitucional en México que prácticamente ha desaparecido en el mundo ya que resta competitividad al sector empresarial, se logró colar en este acuerdo para los empleados subcontratados. Los efectos de esta decisión podremos verla en los siguientes meses, buena, sin duda, para los empleados que ganan este derecho, pero compleja para el patrón, especialmente en estos difíciles momentos de recuperación económica. La prisa y la falta de una discusión de altura es una constante de Morena, y esto no le conviene a la ciudadanía quien seguramente los castigará quitándoles la mayoría en la siguiente Legislatura. Un ejemplo más es esta reforma, que afecta a más de 4.6 millones de mexicanos, y que definitivamente no abona al proceso de reactivación que tanto necesitamos.

@PerezSoraya

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

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