Dicen los presidentes de los tres principales partidos políticos de este país que están dispuestos a la negociación con o sin Pacto por México. Y de eso debería tomar nota la Secretaría de Hacienda al momento de proponer pactos fiscales.

Es de un enorme valor que desde el gobierno federal pretendan dar certidumbre en el terreno tributario, porque es un hecho que las misceláneas fiscales son enemigos de los proyectos productivos, por aquello del cambio constante de las reglas del juego.

No son pocos los sectores y las empresas que se han enfrentado a cambios radicales en su tratamiento fiscal, después de haber tomado decisiones de negocio importantes.

Pero, ¿a quién le toca la posibilidad de colgarse la medalla de lograr la estabilidad fiscal necesaria?

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se ha encargado de esbozar el acuerdo que viene. Los empresarios ya se subieron al carro de la promesa de estabilidad fiscal y quieren poner sus condiciones para el pacto. ¿Pero ya están enterados los legisladores, que son los que por disposición constitucional deciden sobre las medidas fiscales?

A juzgar por la reacción del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, no están al tanto de los planes del gobierno de Peña Nieto.

De entrada, este legislador perredista no tiene claro si el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, como pomposamente ya se le llama, se limita a las atribuciones administrativas que tiene la Secretaría de Hacienda o se mete a los terrenos legislativos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que aprueban los legisladores.

Porque el gobierno federal podría cumplir aquello de no proponer modificaciones en las tasas o la creación de nuevos impuestos. Pero no podría limitar la capacidad de iniciativa que tiene el poder legislativo, mucho menos los opositores.

Lo podrían lograr mediante un pacto, pero para ello necesitan primero compartirles sus ideas. Porque enterarse de estos planes por la prensa no es el mejor acercamiento. Y más cuando diputados y senadores quedarían como los malos de la película que aumentan impuestos, y Hacienda como el héroe que frena modificaciones futuras.

Es innegable el tufo político que tiene este pacto fiscal, pero ¡qué acción de gobierno no lo tiene!

Más allá de eso, más allá incluso de las capacidades y facultades de los poderes en materia fiscal, los cambios mundiales que empezamos a presenciar hacen lo menos recomendable meterse en una camisa de fuerza que limite la reacción legislativa ante los cambios que vengan.

Vaya que hace falta certidumbre en México en tantas cosas. Lo primero que se extraña es la aplicación del Estado de Derecho.

Nada sería mejor que tener la certeza como empresa que se puede invertir con la tranquilidad de que no llegará pronto una invención tributaria que tire el negocio. O como familias, que se puede gastar o ahorrar con mayor certidumbre sobre las reglas de los impuestos.

Un ejemplo muy sencillo es que a partir de un acuerdo así un padre de familia puede meter a sus hijos a un colegio particular y con gran esfuerzo pagar la colegiatura con la certeza de que de aquí al 2016 no aplicarán el IVA en esos pagos.

Pero para que eso sea real tienen que estar de acuerdo los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la Unión. Así de fácil.