Atacar a quienes apoyan a las mujeres que ejercen su derecho a un aborto legal, en México y otros países, es una táctica de grupos que esgrimen una superioridad moral o religiosa en nombre de la cual pretenden imponer sus creencias e impedir el ejercicio de un derecho y de la libertad individual. Ésta ha sido la táctica recurrente de conservadores que se dicen “provida”, como los que promueven “40 días por la vida” y, con pretexto de orar por los no nacidos, desde hace años se instalan todo el día ante la Clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva en Mérida. Desde el 2017 han escalado el acoso contra su directora, Sandra Peniche Quintal, las pacientes, a las que toman fotos y videos cuando entran o salen, y el personal que ahí trabaja.

En Yucatán, la interrupción del embarazo no se sanciona en casos de violación, peligro para la vida de la mujer, malformaciones genéticas, inseminación forzada y causas económicas graves (si la mujer tiene ya tres hijos). Esta legislación restrictiva sitúa a las yucatecas, como a otras, en condiciones de desigualdad legal ante las capitalinas y las oaxaqueñas que, por ley, sí pueden acceder al aborto legal hasta la semana 12. Además, desde el 2009, la constitución estatal protege “la vida desde la fecundación”, lo que propicia la estigmatización de quienes recurren al aborto y del personal médico que lo practica. El Código Penal, a su vez, establece penas de cárcel y multa por aborto no permitido, sanción que puede conmutarse por un “tratamiento médico integral”, que implica tratar como enferma o loca a la mujer denunciada. También hay yucatecas que han sido puestas en prisión por abortar, pero acusadas de “homicidio agravado en razón de parentesco”. El derecho a la intimidad, la ética médica y la justicia no se respetan en Yucatán.

En este contexto, ofrecer servicios seguros y de calidad a las mujeres y niñas del estado es una tarea indispensable que exige un sólido compromiso con el derecho a la salud de éstas; más cuando se enfrenta día a día el acoso de “buenas conciencias”, como le ha sucedido a la doctora Sandra Peniche, médica fundadora de la primera clínica de interrupción legal del embarazo (ILE) en el país.

Sandra Peniche constató desde la universidad que no se daba al futuro personal médico la capacitación con perspectiva de género necesaria para entender las necesidades de las mujeres y darles la atención adecuada en salud sexual y reproductiva. En su práctica observó que, pese a tener derecho a la ILE, las mujeres de escasos recursos enfrentaban fuertes obstáculos para ejercerlo y decidió dedicarse a garantizar ese derecho. Desde el año 2000 su clínica ofrece servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluyendo la ILE.

No tardaron en llegar los ataques de grupos conservadores y del alto clero. La organización VIFAC la tildó de asesina, el arzobispo Berlie la atacó. Los rezos ante la clínica de mujeres asociadas con iglesias se volvieron diarios desde el 2017. El año pasado un hombre atacó a Peniche con un desarmador; por fortuna, no logró su cometido. Su juicio, que empezó ayer, estuvo precedido de irregularidades, ya que la acusación inicial por intento de homicidio se reclasificó sólo como lesiones calificadas. En general, ante reiteradas denuncias de agresiones, las autoridades estatales, municipales y de derechos humanos han sido negligentes.

Hoy argumentan que no pueden detener el acoso simbólico y físico contra la clínica, aunque afecta al personal, los y las pacientes y los vecinos, por “respeto a la libertad de expresión”. Estas y otras presiones de grupos aliados con el Frente por la Familia y con iglesias han favorecido la estigmatización y hostilidad hacia quienes defienden los derechos de mujeres y niñas.

El trabajo de la doctora Peniche en defensa del derecho a la salud y a la vida de mujeres y niñas merece respeto. Ella actúa dentro de la ley. Las autoridades tienen la obligación de protegerla a ella y de garantizar un entorno sin violencia para la clínica, sus usuarias y sus vecinos. Es su responsabilidad.

@luciamelp

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).