De manera regular, la polémica del sector de telecomunicaciones hace uso intensivo de la noción de Captura Regulatoria y sin lugar a dudas esa discusión continuará por tiempo indefinido.

Próximamente, con la renovación de la presidencia del órgano regulador, la Cofetel, el foco estará en la selección de un titular que goce de la máxima neutralidad y autonomía posible, en contraste con experiencias pasadas. De hecho, esta discusión es hoy algo que debemos celebrar y que debimos haber logrado poner sobre la mesa mucho tiempo antes, con lo cual, efectivamente, hoy tendríamos mejor cobertura de servicios, calidad de los mismos y tarifas más competitivas.

Conviene dejar claro el significado y las implicaciones de esa noción de captura, que se refiere a la influencia potencial que uno o varios de los proveedores de servicios pueden ejercer sobre las agencias gubernamentales que rigen la operación de la industria de las telecomunicaciones. Con ello, la empresa regulada utilizaría presión y buscaría influenciar al Estado, con el fin de verse favorecida en el proceso regulatorio y lograr mayor rentabilidad para sus inversiones. Así, el resultado de la operación del sector de las telecomunicaciones inclinaría la balanza en favor del interés particular, más que del interés público.

El papel de las autoridades es muy importante en todos los sectores de la infraestructura, que por sus economías de escala tienden a la concentración del mercado en ausencia de una autoridad promotora y vigilante de la competencia.

Entonces, la captura debe poner atención a lo que también padecimos en gestiones pretéritas, la captura gubernamental referida, los campos relevantes del gobierno federal como la SCT.

Las formas de captura pueden tomar, primero, un formato de Limitada Actividad Regulatoria , en el contexto de un mercado de alta concentración y ventajas de operación para uno solo de los operadores, o bien de todas las empresas, en detrimento del bienestar generalizado de la sociedad. Este formato de captura claramente ha dejado de aplicar en México, cuando vemos una lista de temas regulatorios pendientes de los años anteriores, que hoy se desahogan por parte de las autoridades, como las licitaciones de espectro radioeléctrico y de fibra óptica excedente de la CFE en gestión por la SCT; y por parte de la Cofetel temas como la consolidación de Áreas de Servicio Local, portabilidad numérica, El que Llama Paga nacional e internacional, reducción de tarifas de interconexión, por mencionar tan solo algunas.

Pero una pregunta relevante es: ¿cómo se puede impedir este fenómeno? Básicamente, la respuesta toma diferentes dimensiones.

Una, es la promoción de la competencia y del número de competidores efectivos en el mercado, como una forma para reducir la probabilidad de captura. Otra, es con la obligatoriedad de la autoridad de reportar sus acciones y el cumplimiento de sus metas regulatorias.

Al respecto, no es de extrañar que en la gestión pasada de la Cofetel, dicha obligación anual fuera prácticamente omisa, obligación que hoy se ha vuelto regular pero aún insuficiente como ejercicio de transparencia y de accountability.

Un mecanismo más para impedir la captura es la interacción de diversas instancias gubernamentales relacionadas con el sector, como son en el caso mexicano, la Comisión Federal de Competencia (CFC), la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la SHCP, además de las obvias, la Cofetel y la SCT. Claro, el arte está en que esto no derive en una excesiva burocracia, resultante de la búsqueda que la autoridad nos sea cooptada.

Con todo, lo que debe resultar no es una lucha de poderes públicos y privados, sino la instrumentación de un mecanismo efectivo de promoción de la competencia que garantice el óptimo aprovechamiento de los servicios provistos por el conjunto de las empresas del sector de telecomunicaciones, para los ya más de 85 millones de usuarios móviles, 20 millones de fijos y aproximadamente 30 millones de Internet.