En los últimos años los precios nominales de los alimentos se han vuelto más volátiles y presentan una tendencia al alza. Dicha volatilidad se ha asimilado por los agentes económicos como una medida de riesgo para el consumo y la inversión, la cual se deriva de cambios inesperados de dirección de los precios así como de una marcada intensidad en las tasas de variación en periodos sucesivos de tiempo

Los cambios abruptos en los precios de los alimentos generan inseguridad alimentaria al limitar su acceso económico, particularmente en los sectores de la población más vulnerables, lo que repercute en la distribución del ingreso y el número de personas en pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) estima que los altos precios registrados en el periodo 2007-2008 provocaron a nivel internacional 80 millones de personas adicionales en pobreza alimentaria.

Asimismo, los altibajos recurrentes de los precios de los alimentos provocan incertidumbre en las inversiones debido a que se alteran las expectativas de ingresos y capacidad de pago de los empresarios y productores.

Ante dicha problemática, los gobiernos de diversos países han emprendido acciones para contrarrestar las causas y mitigar los efectos de la volatilidad de los precios de los alimentos. Las acciones políticas se han dado en tres vertientes: consumo, comercio exterior y producción.

Su duración y énfasis dependen de la posición del país en el intercambio internacional, las causas específicas de la volatilidad y sus efectos inmediatos; lo anterior debido a que la aplicación indiscriminada de las acciones podría representar presiones en las finanzas públicas o agravar los desequilibrios entre la oferta y demanda.

En el caso de México, se han aplicado los tres tipos de acciones con énfasis y duración diferenciados.

En el pasado reciente se implementaron coyunturalmente acciones relacionadas con el comercio exterior, mediante la modificación temporal de cuotas de importación para determinados alimentos como leche en polvo, sorgo, trigo, arroz y maíz; lo anterior con la finalidad de abaratar los costos de compra y ofrecer precios accesibles.

Para proteger el consumo de los hogares vulnerables y mitigar, en parte, los efectos de la volatilidad, se ha dado continuidad a programas sociales como el de Abasto Rural, Abasto Social de Leche, Compra de Leche Nacional, Comedores Comunitarios y Apoyo a los Alimentos de Prospera.

Para promover una mayor oferta de alimentos se han implementado programas sectoriales permanentes, entre los que se encuentran el de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, Apoyos a la Comercialización, Fomento a la Productividad Pesquera, Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Productividad y Competitividad Agroalimentaria y Apoyos a Pequeños Productores.

En este último grupo de acciones participa FIRA, integrante de la banca de desarrollo que coordina la SHCP, mediante un esquema de financiamiento e incentivos a proyectos que contribuyen a mitigar la volatilidad de precios en productos de la canasta básica agroalimentaria.

Dicho esquema permite vincular el crédito de FIRA con los incentivos de los programas sectoriales a cargo de la Sagarpa y la SHCP.

En la segunda parte de este artículo hablaré de manera más específica sobre las acciones implementados por FIRA en esta materia así como de algunos resultados en el 2016 y 2017.

Ramiro Campos Meraz es especialista en la Subdirección de Programas y Proyectos de FIRA.

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La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.