Como señalé la semana pasada, uno de los elementos que encarecen el crecimiento económico en México es que las contribuciones patronales al sistema de seguridad social se constituyen como un impuesto al empleo formal, además de que generan un desincentivo a la inversión privada. De ahí la necesidad de transitar hacia un sistema de seguridad social universal financiado de la recaudación general de impuestos, lo que requiere una reforma tributaria que incremente los ingresos del gobierno, pero que además alinee los incentivos que se derivan del arreglo tributario con el objetivo de mayor crecimiento económico, uno que no castigue el trabajo, el ahorro y la inversión, partiendo del principio básico de que los impuestos son para recaudar, no para redistribuir; para eso se usa el gasto público. En el artículo de la semana pasada propuse una reforma al impuesto al ingreso de los individuos y a las utilidades de las empresas.

Otro impuesto muy importante, tanto por el lado recaudatorio como por su impacto sobre la asignación de los recursos en la economía es el IVA. Al ser un impuesto al gasto, éste tiene que ser neutral sobre los precios relativos y, en consecuencia, sobre la asignación sectorial (y regional) de los recursos productivos. De ahí que tenga que ser homogéneo, gravando todos los bienes y servicios nuevos de consumo final a la misma tasa. Es cierto, sin embargo, que gravar alimentos afecta relativamente más a los individuos de menores ingresos (es un impuesto regresivo), pero esto se puede compensar con transferencias directas al ingreso que les restituya el impuesto pagado. Con el esquema actual de alimentos y medicinas gravados a tasa cero del IVA, el gobierno deja de recaudar cerca de 2 puntos del PIB. Otra distorsión en el IVA es diferenciar la tasa por regiones geográficas ya que ello, además de incentivar la elusión fiscal, distorsiona la asignación regional (y sectorial) de recursos.

Además de recaudar (su principal objetivo), los impuestos también se utilizan para corregir externalidades negativas, las cuales surgen cuando un agente económico, además de incurrir directamente en los costos de su actividad, impone sobre terceros agentes costos adicionales. En este caso, un impuesto hace que quien genera la externalidad internalice el daño causado y reduzca su nivel de actividad. Impuestos al carbono y venta de “permisos comerciables de contaminación fija” en el caso de contaminación industrial y cobro de vialidades en zonas urbanas y venta de “permisos comerciables de circulación” en el caso de congestión y contaminación vehicular son algunos ejemplos. En el caso de México, el impuesto que destaca en esto es el IEPS sobre gasolinas: es recaudatorio, reduce la contaminación ambiental derivada del uso de autotransporte y es progresivo; debería aumentarse.

Otros gravámenes son los llamados “impuestos al vicio” como el consumo de alcohol, tabaco y drogas, todos ellos con demandas muy inelásticas. Estos impuestos, al encarecer el bien para los usuarios y tratar su consumo como un problema de salud pública y no como uno moral, buscan desincentivarlo y reducir la presión futura que se ejercería sobre el sistema de salud (e inclusive, en algunos casos, corregir una externalidad negativa). Se argumenta, sobre todo en el sector salud, que habría que imponer gravámenes muy elevados; sin embargo, no se puede obviar que a partir de cierta tasa de gravamen se incentiva el contrabando y la venta de bienes adulterados que generan daños aún más graves a la salud.

A nadie le gusta pagar impuestos pero, como la muerte, son inevitables. Por ello, es mejor pagar impuestos que menos distorsiones generan, que menores costos imponen sobre el crecimiento.

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IsaacKatz

Economista y profesor

Punto de vista

Profesor de Economía, ITAM. Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.