En una colaboración previa, me referí a Andrés Manuel López Obrador como el charlatán del progreso, quien con el afán de seducir a los ciudadanos de cara a la jornada electoral del 1 de julio propone soluciones sobre simplificadas a problemas identificados a partir de diagnósticos fantasiosos o falsos sobre la situación de México. Las últimas acciones de López Obrador dejan ver que no solo es un simple charlatán, sino que nos encontramos frente a un auténtico iluminado enemigo de la libertad de expresión. Aún está lejos de lograr lo que se ha empeñado en conseguir desde 2006, quizá desde 1983 cuando el entonces gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, lo removió de la dirigencia del PRI de Tabasco, por sus pretensiones de controlar desde ahí a todos los alcaldes de Tabasco.

En el año 2013, el Constituyente Permanente aprobó una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con base en una Iniciativa presentada por el Presidente de la República. En ella, más allá de la búsqueda del fomento de la competencia efectiva en los sectores mencionados, tuvo lugar un reconocimiento expreso en la Constitución de algunos derechos fundamentales, como lo son la libertad de expresión y el acceso a la información.

Con base en ello, nuestra Carta Magna reconoce hoy en día que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, así como que no se puede restringir este derecho y que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión.

A pesar de ello, con el afán de llegar a como dé lugar a la presidencia de la república, a López Obrador no le importan en lo más mínimo la Constitución, los derechos humanos, la democracia o el estado de derecho. Así lo deja ver, sin el menor pudor, en la forma en que ha atacado la eventual transmisión de la serie “Populismo en América Latina”, documental que consta de 6 capítulos, cada uno con un personaje distinto.

La casa productora, La División, emitió un comunicado firmado por su productor ejecutivo Javier García, quien lamentó que lamentó que Andrés Manuel López Obrador y su coalición “Juntos Haremos Historia” estén ejerciendo una presión ilegítima y antidemocrática para impedir que la serie sea transmitida a las audiencias mexicanas.

Por supuesto, con la conocida “elocuencia” que caracteriza a López Obrador cuando tiene un micrófono enfrente, negó que haya ejercido algún tipo de presión para evitar la transmisión de la serie. Lo más curioso, es que al hacerlo, mostró su absoluto desprecio por la libertad de expresión. Se mostró como lo que es, un político anclado en la década de los 70 del siglo pasado.

López no tuvo reparo en señalar que la serie “Populismo en América Latina” es un bodrio asqueroso y fascistoide. Aplaudió que, según su dicho, las tres televisoras nacionales (Televisa, Azteca e Imagen) y empresas estadounidenses como Fox, Univisión y National Geographic, ya se negaron a transmitirla. Asimismo, exigió a la casa productora que dijera quien había financiado la elaboración de la serie, y que hecho lo anterior, como prueba de su magnanimidad, la transmitiría a través de su cuenta de Facebook.

Pero si ello no fuera suficiente para acreditar su talante represor, López Obrador giró instrucciones al representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, a efecto de que presentara una queja formal en contra de la casa productora La División, con motivo de la elaboración de la serie.

Sin duda, la postura mostrada por López Obrador en contra de la libertad de expresión y a favor de la censura previa, es algo que debe preocuparnos a todos, y no sólo a los medios de comunicación. Lamentablemente no sólo nos encontramos frente a un charlatán que podría hundirnos en la frustración, sino que estamos ante un auténtico represor que puede incluso negarnos el acceso a nuestros derechos fundamentales, además de considerar a los mexicanos como incapaces de discernir qué tipo de contenidos le son útiles y qué tipo no.

Gerardo Flores Ramírez

Senador de la República

Ímpetu Económico