Las pocas instituciones del Estado mexicano que funcionaban bien están en un grave riesgo de colapsar, ante la visión más justiciera que justa del presidente de la República. Ante su visión maniquea del mundo y su desprecio por la técnica y el conocimiento, sigue con el machete desenvainado, tratando de reducir los salarios y prestaciones de todos los funcionarios públicos de mando y responsabilidades superiores, con el argumento de que todos son corruptos y de que todos tenían percepciones escandalosas. Nada más falso.

En el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros órganos reguladores a nivel nacional, los salarios y prestaciones son semejantes a los que para perfiles con el mismo grado de especialización y responsabilidad se pagan en la Iniciativa Privada. Si queremos un Estado eficiente y capaz, requerimos de funcionarios públicos eficientes, capaces y muy bien preparados. Para atraer a los mejores, el Estado debe ofrecer incentivos de desarrollo profesional y personal que hagan atractivo para los más preparados seguir una carrera en el servicio público, y que al mismo tiempo les genere prestigio y respetabilidad, como ver materializado su esfuerzo con una retribución económica similar a la que podrían obtener en la Iniciativa Privada o en la práctica independiente. Permítame poner un ejemplo muy burdo pero contundente: ¿Conoce usted a algún estudiante de excelencia de la carrera de Derecho cuyo sueño sea convertirse en agente del Ministerio Público? Evidentemente, no. Los que terminan en ministerios públicos son los mediocres, los ignorantes, los incapaces, los que nunca se esforzaron en estudiar. Sólo ellos aceptan un trabajo repudiado por la sociedad, nido de incompetencia y corrupción. ¿Sabe usted por qué con el nuevo sistema acusatorio todos los delincuentes detenidos salen en libertad tan pronto son puestos frente a un juez? Porque los ministerios públicos no tienen la menor idea de cómo hacer su trabajo. Se cambió el sistema, pero se dejó a los mismos ignorantes de antes.

Si queremos erradicar la impunidad, primero necesitamos que abogados de prestigio vean como alternativa profesional hacer carrera en las fiscalías, y para ello es necesario que sus cargos sean respetables y respetados, que sus remuneraciones sean iguales a las que tendrían en la Iniciativa Privada o en la práctica independiente y, por supuesto, estabilidad en el empleo. De otra manera, México nunca tendrá un Estado de Derecho. El Poder Judicial federal, por su parte, hasta ahora ha logrado atraer a abogados muy bien preparados con salarios muy dignos y acordes con su alta responsabilidad. Esto no debería cambiar.

Traigo el tema a colación ante la preocupante aprobación de la ley de austeridad republicana, que establece que los funcionarios públicos de nivel superior “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.

En los órganos reguladores de sectores específicos, como banca, valores, energía, hidrocarburos o telecomunicaciones, hay funcionarios públicos de alta especialización a los que arbitrariamente se les podrán modificar sus salarios y prestaciones, y aun así estar impedidos para trabajar durante 10 años en la materia en la que son expertos. Me parece, sin duda, un exceso, pero lo que más me preocupa es que a partir de ahora el Estado sólo conseguirá profesionistas de tercer o cuarto nivel. Nadie con talento y preparación estará dispuesto a aceptar esas ridículas condiciones. Y mucho menos si le añadimos la reforma en curso a los artículos 116 y 127 de la Constitución, en el sentido de que nadie, de ninguno de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno, o de cualquier órgano constitucional autónomo o ente público, podrá ganar más que el presidente de la República. Habrá que esperar a ver cómo queda finalmente la reforma y su legislación secundaria, pero si, además del hecho de no poder trabajar durante 10 años, viene una reducción significativa a los salarios de los funcionarios públicos, nos convertiremos en una República gansito, y a ver quién apaga la luz.

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.