Los hechos delictivos cometidos por altísimos funcionarios del gobierno mexicano, aquellos que un Emilio Lozoya recién llegado de España diera a conocer, hoy no solo se desmoronan ante la carencia de pruebas.

La construcción de una narrativa conveniente apoyada en un testimonio generado desde el resentimiento y la necesidad de salvación, no es sostenible una vez que se contrasta con la verdad legal. Los hechos delictivos cometidos por altísimos funcionarios del gobierno mexicano, aquellos que un Emilio Lozoya recién llegado de España diera a conocer, hoy no solo se desmoronan ante la carencia de pruebas. Además de su nulo valor legal, crean una imagen de poca credibilidad para el colaborador de la investigación ministerial, pero que también contamina a la propia Fiscalía General de la República. De ahí la necesidad de enderezar el camino hacia dos posibilidades en la resolución de este entuerto: encauzar de manera decidida la acusación sobre el propio Lozoya dando un golpe de timón a sus privilegios hasta ahora obtenidos o, consolidar reales procesos penales en contra de los figurones que desde hace un año estaban mencionados como candidatos para portar el uniforme de rayas.

En la primera posibilidad existen fuerzas que tiran en sentidos contrarios. Por una parte, la Unidad de Inteligencia Financiera aporta una nueva denuncia en contra de Lozoya, que implicaría un desvío de 3,000 millones de pesos mediante esquemas de triangulación financiera, y por otra parte la propia FGR explora la posibilidad de concluir los procesos penales en contra del mexiquense. Cabe señalar que, en esta eventualidad, la propia ley permitiría la resolución por vías alternas para la terminación del proceso si se llega a un acuerdo reparatorio, o si el propio ministerio público condiciona la suspensión del proceso mismo al amparo del artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Lo cierto es que el tiempo es un factor que apremia a la acción decidida en uno u otro sentido. Solamente en la resolución de la investigación ministerial complementaria, conforme al mismo código mencionado, debiese haber tenido un plazo de resolución de seis meses, mismo que ya se ha agotado y para la cual se ha pedido la ampliación para ser concluida en agosto próximo. El trayecto normal de investigación, acusación y juicio se ha alterado en la búsqueda de elementos acusatorios que involucren a los prometidos peces gordos, pero que parece que solo se ubican en esa narrativa que construye escenarios explotables desde lo político más que desde la razón legal. Es así que de un primer listado de poco más de 70 implicados por Lozoya, tan sólo se han podido sustanciar 23 denuncias y únicamente se ha ejercido acción penal en contra de un implicado que hoy permanece detenido y sujeto a proceso.

Conforme pasen los días la presión mediática y los plazos legales acotarán un cerco, el cual será muy complicado bordear. La presión opera para una Fiscalía y un gobierno federal que prometieron justicia plena, pero no contaban con un hábil y labioso escapista que hoy también está contra las cuerdas.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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