La reciente resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que ordena al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a revelar la información de aquellos contribuyentes a quienes les fueron cancelados diversos créditos fiscales, ha puesto en verdadero riesgo una institución diseñada para proteger a los particulares (y no a las autoridades), como lo es el llamado secreto fiscal.

El Congreso de la Unión, a través de la Ley de Ingresos, faculta cada año al SAT -bajo ciertos lineamientos- a cancelar créditos fiscales que resulten prácticamente imposibles de cobrar o cuyo cobro resulte incosteable. Esta cancelación, sin embargo, no libera a los contribuyentes de su pago. Se trata de una medida legal de eficiencia administrativa.

Por otro lado, bajo ciertas excepciones claramente reguladas, el Código Fiscal establece la obligación al fisco de guardar absoluta reserva de los datos suministrados por los contribuyentes o los obtenidos en sus labores de fiscalización, como lo son, entre otros, los créditos determinados y luego cancelados.

Por ello, la negativa del SAT a revelar esa información parecía guardar evidente concordancia con la norma jurídica.

Al enmendar la negativa del SAT a proporcionar la información solicitada, el IFAI echa mano de argumentos preocupantes como que el secreto fiscal no implica una reserva permanente , ni posee un carácter absoluto ni por tiempo indefinido , sino que la determinación de su procedencia está sujeta a la autoridad del IFAI, así como de argumentos francamente irrisorios –pero no por ello menos alarmantes- como que según el Diccionario Larousse un contribuyente es la persona que contribuye y si en este caso se trata de créditos fiscales no cubiertos, quien los adeude deja de ser contribuyente (porque ha dejado de contribuir) y, por lo tanto, el secreto fiscal ya no lo protege. No es broma, así lo resolvió el IFAI.

No debemos confundir el que el ejercicio de las atribuciones del SAT –como el de cualquier otra autoridad- debe someterse al escrutinio y a la transparencia que el acceso a la información demanda, con el hecho de querer obtener información de los particulares en poder de dicha autoridad.

El secreto fiscal protege datos que pueden pasar desde información comercial privilegiada de una empresa, hasta el monto cubierto al ginecólogo de la esposa de quien solicitó la información al SAT, sin dejar de mencionar lo que cualquier contribuyente (como lo define la ley y no Larousse) ingresa y gasta cada año. Se trata de datos que en todo el mundo se encuentran celosamente protegidos por la autoridad fiscal.

El acceso a la información es un derecho constitucional tanto como lo es la protección de los datos personales y la vida privada.

Ante la duda –que en este caso parecía no existir- no pueden lesionarse los derechos de terceros (los contribuyentes) que ni siquiera participaron en todo este proceso, por más morosos que le parezcan al IFAI.