Hoy se cumplen cinco años desde que el decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica entró en vigor. Mucho se ha escrito sobre los importantes cambios que significó esta reforma. Se trata de cambios que sin lugar a dudas marcan un antes y un después en la historia de las telecomunicaciones de nuestro país. Gracias a esta reforma se puso fin a un periodo de la historia regulatoria de nuestro país en el que tres factores se combinaban para evitar que el sector telecomunicaciones de México pudiera desarrollarse bajo un ambiente de competencia efectivas, a pesar de que el sector estaba abierto a la competencia desde 1997.

Los tres factores a los que me refiero son los siguientes: i) un arreglo institucional deficiente, que consistía en tener un órgano regulador sin la autonomía efectiva que se requiere, que compartía competencias con otras tres autoridades, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la extinta Comisión Federal de Competencia; ii) un débil marco legal; que aunque cuando fue promulgada en 1995, la anterior ley que regulaba al sector telecomunicaciones fue considerada una legislación de vanguardia a nivel internacional, por el enfoque para regular redes, en lugar de servicios, con el paso del tiempo quedó claro que en diversos temas no era lo suficientemente puntual para darle al órgano regulador la fuerza necesaria en sus resoluciones; y iii) un sistema para resolver inconformidades o para revisar las decisiones del regulador, que ofrecía grandes incentivos a todos los agentes económicos para litigar por años una decisión de la autoridad, lo que también imponía una gran ineficacia a las decisiones regulatorias y las dotada de una falta de efectividad absoluta.

Con la reforma constitucional se creó una autoridad reguladora con la mayor autonomía que puede concebirse en el sistema jurídico mexicano, cuyas decisiones no están en función de las decisiones o visiones que puedan tener la SCT o SHCP, como antes sí ocurría. Asimismo, el andamiaje relativo a la revisión de las decisiones del regulador se transformó también de manera sustancial, con la creación de tribunales especializados y la eliminación de la posibilidad de que las decisiones del regulador puedan ser objeto de suspensión dentro de un juicio de amparo, lo que ha reducido en forma significativa la parálisis que caracterizaba al régimen previo a la reforma. Además de estos cambios en la forma de organizar los trabajos de la autoridad reguladora y sobre la efectividad de los mismos, la reforma constitucional permitió incorporar en la Constitución cambios notables que pusieron un alto a cerca de 16 años de inmovilismo en materia de regulación del excesivo poder de mercado del agente económico histórico, o incumbente, como se le llama en la jerga regulatoria.

Desde luego que también está el hecho de que a partir de ahí se incorporó en la Constitución el derecho de los mexicanos a tener acceso a servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, incluido el acceso a Internet.

Posterior a ello vino la discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que reglamentó diversas disposiciones y principios previstos en la reforma constitucional. Este nuevo andamiaje constitucional, institucional y legal ha permitido una disminución significativa en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones; un crecimiento de gran magnitud en las suscripciones al servicio de banda ancha móvil; un aumento significativo también en las velocidades de acceso; un incremento notable en los montos de inversión en el sector telecomunicaciones; entre otros avances importantes.

A pesar de todos estos avances, aún hay retos en el horizonte. Ahí está el hecho de que la estructura del sector telecomunicaciones se sigue pareciendo mucho a aquella que existía previo a la reforma, por citar un dato. Así que a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia.

*El autor es senador de la República.

Gerardo Flores Ramírez

Senador de la República

Ímpetu Económico