En la marcha feminista contra la violencia hacia las mujeres que se llevó a cabo en París el sábado pasado, destacaron las denuncias contra la violación y la demanda de "Educar, prevenir, formar". Aunque en el contexto francés cada una de estas expresiones tiene un trasfondo particular, ambas atañen a millones de mujeres en el mundo.

En México, sin duda, habrá que protestar este 25 de noviembre contra el feminicidio en el ámbito público o privado, las desapariciones, forzadas, permanentes e intermitentes; el acoso y el hostigamiento en instituciones públicas, universidades, calles, y transporte público; el abuso sexual infantil en las escuelas varias veces denunciado  y tercamente ignorado por las autoridades; la impunidad de la trata y la venta de niñas; contra la explotación laboral agudizada por la pandemia, el encierro, la crisis económica y la falta de apoyo gubernamental. Como en Francia o España habrá que recordar a fiscalías y jueces que la violación jamás puede justificarse y que no importa, hora, ropa, o lugar: la culpa es del agresor y del Estado violador que lo protege.

Recordarle la realidad a quienes la niegan o minimizan y gritar nuestra indignación ante la violencia continua y creciente contra mujeres y niñas es urgente y necesario. Al mismo tiempo, hace falta dar un paso más:  exigir no sólo "castigo a los culpables" y sus cómplices por omisión, sino también un cambio radical en la política pública frente a la violencia, en particular la violencia contra las mujeres, que frene las atrocidades actuales y limite los daños presentes y futuros.

La violencia, en efecto, no sólo destruye la vida y la salud de quienes la viven directamente. Deja hondas marcas físicas y psicológicas en ellas, sí, y también en las niñas y niños que presencian palizas, feminicidios o balaceras. Mina las relaciones sociales en familias, barrios y comunidades; limita el desarrollo personal  e intelectual de niñas y niños abusados o maltratados; siembra miedo, malestar, enojo, desesperación, apatía o nuevas violencias. Si bien no todo sobreviviente de violencia será maltratador o víctima en potencia, el riesgo existe:  en vez de aprender a resolver los conflictos de manera pacífica o constructiva, se aprende a  descalificar, maltratar o matar; en vez de aprender la igualdad, se internaliza la sumisión.

Desde los años 80, feministas y grupos de mujeres han denunciado la violencia contra éstas como un problema de salud pública. Convenciones como CEDAW o Belem do Pará retomaron sus reclamos e incorporaron tanto la necesidad de sancionar la violencia como la urgencia de prevenirla, para, utópicamente, erradicarla. A través de las obligaciones que aceptan los Estados firmantes (como México), trazan un mapa de intervenciones indispensables: eliminar estereotipos y patrones socioculturales de subordinación y dominación del sistema educativo, de los medios, del discurso institucional y de las políticas públicas; promover la igualdad sustantiva y el pleno reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres, con programas concretos y leyes; profesionalizar a los agentes del Estado para evitar el sexismo y la revictimización, entre otras.

En vez de asumir estos lineamientos, el Estado mexicano se ha extraviado en la simulación, la omisión y el fetichismo de la ley.  Peor aún, hoy se ( y nos) encamina, en  sentido contrario,  hacia el despeñadero. En vez de fomentar la igualdad, elogia la subordinación; en vez de autonomía, promueve el asistencialismo; en vez de prevenir la violencia mediante la educación, el fortalecimiento de las comunidades y el desarrollo integral, impulsa el autoritarismo y la militarización - que daña más a las mujeres; en vez de castigar los abusos y las violaciones de derechos humanos por sus agentes civiles o militares, estigmatiza a quienes investigan, denuncian, y gritan contra la violencia y la impunidad.

Exigir un alto a las violencias machistas requiere hoy denunciar estas derivas destructivas;  pensar desde la sociedad cómo educar, prevenir y actuar para la igualdad, contra todas las violencias.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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