Hubo una época –no muy lejana, por cierto– en la cual las remesas –léase, los cheques foráneos eran la espada de Damocles para los gerentes de sucursal. Si no le tomaban sus remesas en firme al cliente importante, éste se cambiaba a otro banco; pero en caso de que algún cheque foráneo rebotara, el funcionario corría peligro de meterse en un lío grande: le podía costar la chamba y hasta la pérdida de su libertad.

Todo lo anterior es historia pasada. Con el desarrollo de los sistemas electrónicos de pago, las transferencias entre plazas bancarias y la verificación en línea de los saldos de las cuentas se convirtió en un trámite completamente seguro e instantáneo.

Precisamente por eso, porque estamos en conocimiento de los avances descritos, es que despierta tanta extrañeza el suceso de que en un avión oficial el gobierno de Veracruz enviaba a México la no despreciable suma de 25 millones de pesos en efectivo para pagar a proveedores .

El caso es extraño por donde se le vea y las dudas aumentan ante la poca verosimilitud de las explicaciones que se han aportado.

Si el dinero era para pagarle rápido a un proveedor –sea el que fuere- el pago podía haberse realizado con mucha mayor rapidez por vía electrónica que enviándolo en efectivo en dos valijas. ¿O no?

A ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría liquidar en efectivo el automóvil que ha adquirido. Por eso despierta suspicacias que un gobierno estatal no haya recurrido al cheque o a una transferencia electrónica para realizar un pago que urgía.

Lo insatisfactorio de las explicaciones aportadas da lugar necesariamente a que se planteen dos preguntas. La primera respecto del origen de los fondos y la segunda, en relación con el destino original que se les quería dar.

Refuerza las dudas el hecho de que la factura se expidió varias horas después de aportada la explicación y de que el Tesorero haya renunciado por razones personales .

Si el origen de los fondos es legal, por qué no haber realizado el pago en las formas tradicionales. Pero la clave del asunto reside en el destino original –el verdadero- que se le quería dar a esos recursos.

De no proporcionarse una explicación satisfactoria sobre todo esto, el caso se prestará justificadamente a toda clase de especulaciones y rumores. La opinión pública merece una aclaración convincente. En ausencia de ella, que se finquen responsabilidades a quien corresponda.

bdonatello@eleconomista.com.mx