La llegada del 2015 da inicio a un nuevo capítulo de licitaciones dentro del sector convergente de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión.

En este sentido, el Artículo 28 constitucional otorga al Estado la facultad para concesionar servicios del orden público, de forma tal que se evite la concentración de mercados, se asegure la eficiencia en la provisión de los servicios y al mismo tiempo se garantice la máxima adopción social.

Una forma de concesionar recursos o servicios públicos, la más eficiente en varias dimensiones, es mediante una licitación. Ello consiste en un proceso de selección que permite el otorgamiento de títulos de concesión al mejor postor o postores, que reúnan criterios predefinidos relacionados con la eficiencia económica, capacidades técnicas y alcance social.

De esta forma, en la reforma constitucional en Telecomunicaciones y Radiodifusión se establecieron diversos procesos de concesionamiento del espectro radioeléctrico, en los que se busca la optimización en el aprovechamiento y uso de frecuencias, la generación de condiciones de competencia efectiva y el desarrollo del sector.

En primer lugar, se contempla la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta con cobertura nacional. Ese proceso de concesión se encuentra en una etapa avanzada, en el que ya se conocen los participantes y quienes se encuentran a la espera del fallo que emitirá el IFT a mediados de marzo. La entrada de estos nuevos competidores implicará la reconfiguración de este mercado hacia un terreno más competido.

Adicionalmente, se prevé la instalación y operación de una red pública compartida de telecomunicaciones al mayoreo en la banda de 700 MHz, que busca constituirse como un instrumento complementario de política pública para reducir las barreras a la entrada en los mercados y democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Para su despliegue se contempla la licitación en agosto de una Asociación Público-Privada (APP) y una inversión de capital de al menos 10,000 millones de dólares en los próximos 10 años. Recientemente se ha dado inicio a la realización de pruebas de campo en la banda de 700 MHz (acotadas y parciales, en un número sumamente reducido de localidades, mismas que aún no demuestran su viabilidad de mercado y de procedimiento) para adecuar el estándar LTE y determinar especificaciones técnicas que deben ser consideradas en el despliegue de la red compartida.

A su vez, con fundamento en la LFTR, en diciembre pasado el IFT anunció la licitación de 60 MHz en las bandas de 1.7 GHz y 2.1 GHz para el despliegue de servicios de banda ancha móvil de 4G-LTE y el concesionamiento de diversas frecuencias del espectro para la provisión de servicios de radio FM de uso comercial y social. Ambas, a realizarse hacia la segunda mitad del 2015, buscarán promover un uso más eficiente del recurso escaso que constituye el espectro radioeléctrico, así como la transición a estándares tecnológicos de nueva generación para la provisión de estos servicios.

Sabemos por vasta experiencia, que concesionar el espectro radioeléctrico, ese bien público escaso y esencial, por la vía de una licitación no es un procedimiento sencillo. Los beneficios de este actuar del Estado se materializan en eficiencias en el uso del espectro y abren una oportunidad para la generación de mejores condiciones competencia efectiva.

Es por ello que ante la realización de estos procesos el órgano regulador debe actuar con transparencia e imparcialidad en los términos y plazos establecidos en la LFTR para así asegurar la efectiva consecución de estos beneficios y, con todo, evitar la acentuada concentración que esta reforma aspira a dejar atrás.