La reforma política y electoral del 2014 tuvo su primera escala de resultados en la contienda federal y las 16 locales (nueve de ellas renovaron gubernatura) que definieron cargos de representación y poderes públicos el 7 de junio de este 2015 que termina.

Como parte de esos cambios constitucionales y legales que se llevaron a la práctica este año, se registran saldos que muestran elementos poco comunes antes de la reforma y otros que representan un modelo totalmente novedoso.

Es el 2015, por ejemplo, el año de los comicios coincidentes que a nivel local se organizaron por primera vez con árbitros designados por el Instituto Nacional Electoral y no por los grupos parlamentarios de los congresos locales, como ocurría antes de la reforma; en el que las candidaturas independientes fueron alternativas viables que cosecharon triunfos en una diputación federal y una gubernatura en Nuevo León; en el que tuvimos debates entre candidaturas a diputaciones federales en varios distritos que nunca habían celebrado dicho ejercicio; en el que el modelo de comunicación política, pese a que sigue teniendo un formato de promocionales demasiado corto, sigue consolidándose en su parte sustantiva como instrumento que garantiza el acceso a radio y televisión, en todos los horarios y señales, para todos los actores políticos, sin depender del dinero como picaporte determinante para comunicar o no sus ofertas; fue el primer año de la casilla única y la primera experiencia de la fiscalización centralizada.

También vimos que las consultas populares no pudieron concretarse por un diseño jurídico poco propicio para ello, en el que primero se recolectaban miles de firmas y se verificaba su autenticidad y después se revisaba en la Suprema Corte la constitucionalidad de lo que pretendía consultarse sin éxito, porque las restricciones son muy generales.

El ánimo de participación ciudadana sigue creciendo en comicios intermedios (votaron el 7 de junio 39.8 millones de personas frente a los 34.5 que lo hicieron en el 2009), y se refrendó también la alternancia como una realidad vigente que refleja un terreno de competencia sin ganadores predefinidos, que significa un mapa político dinámico y plural, en el cual las candidaturas de partidos y ahora también las independientes compiten por el voto sin tener una fuerza electoral inamovible. Ningún partido ganó o perdió todo, ni existen hoy mayorías parlamentarias suficientes para que un mismo grupo defina leyes sin acuerdo previo con otros.

Estamos pues, lejos del bipartidismo que algunos auguraban cuando la reforma 2014 incrementó de dos a tres puntos porcentuales de la votación válida el umbral mínimo para que los partidos mantuvieran su registro. De ello da cuenta el hecho de que fuimos a la elección con 10 partidos nacionales (de los cuáles eran tres nuevos) y únicamente perdió su registro uno (el Humanista), lo que significa que cada opción política tuvo la confianza de por lo menos 1 millón de ciudadanas y ciudadanos. No es una cifra menor y es consecuente con la diversidad que existe y que manda un mensaje que apuesta por cauces institucionales para expresarse, para hacerse valer.

Tuvimos competencia política a nivel federal y local. Casi 30% de los distritos federales definió ganador por una diferencia menor a 1% y en 102 tuvieron alternancia respecto de la elección del 2012. Las gubernaturas que se disputaron también nos dijeron que los triunfos no son definitivos si así lo deciden las y los electores.

Un aspecto que logró superar el 2015 pero que nos deja varios ángulos de reflexión es la experiencia de grupos con inconformidades sociales y políticas que consideraron, aunque no de manera generalizada, que el boicot electoral, la cancelación de comicios, podría ser un mecanismo de presión para reivindicar sus demandas.

Sin embargo, el derecho a voto se ejerció y pudo instalarse más de 99% de las casillas. Sería un error asumir que anular el derecho a elegir es la ruta para resolver demandas, por legítimas que éstas sean. La defensa del voto libre no ha sido una concesión graciosa. Ha costado décadas construir las condiciones que hoy permiten el cambio pacífico de poderes, la alternancia y la vigencia de la pluralidad que se registra en las urnas.

Es cierto que existen muchos problemas y demandas legítimas en el país, y es verdad que las elecciones no solucionan en sí mismas todas las inconformidades, pero también es cierto que la apuesta por una vía democrática no puede existir sin elecciones, y es en democracia como podremos encontrar soluciones, no sin ella.

*Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral