Belisario Domínguez, juez III de lo Penal de Chiapas, decretó ayer auto de formal prisión al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, luego de notificar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado en su contra son suficientes para someterlo a proceso por peculado, asociación delictuosa, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, entre otros.

La Fiscalía informó que le fueron aseguradas tres propiedades al exgobernador chiapaneco, quien se encuentra actualmente internado en el penal de El Amate para garantizar la reparación del daño de 104 millones de pesos por un delito de peculado perpetrado contra el estado, luego de que concluya su proceso penal.

Los inmuebles asegurados, informó la Fiscalía a través de un comunicado, se ubican en el fraccionamiento residencial Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, en el municipio de San Juan Chamula, y otra más en San Cristóbal de Las Casas.

Salazar Mendiguchía fue informado a las 8:30 de la mañana de ayer por el impartidor de justicia que se encontraba tras la rejilla de prácticas, donde se desarrolló la diligencia, y se le expresó que la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas presentó suficientes evidencias en su contra.

Por tanto, quedó sujeto a proceso penal por los delitos mencionados, con lo que el exgobernador se inconformó de inmediato y rechazó las imputaciones; asimismo, el juez Belisario Domínguez hizo de su conocimiento que cuenta con un plazo de 72 horas para presentar pruebas de descargo.

Se espera que la defensa de Salazar Mendiguchía -detenido la semana pasada en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, y luego trasladado a Chiapas- solicite la ampliación de término constitucional, esto es que pida la duplicidad del término para contar con 144 horas para presentar pruebas de su inocencia y recurra a la apelación al auto de formal prisión.

Por último, la Procuraduría informó que Carmen Domínguez Aguilar, exresponsable del extinto Instituto de la Vivienda de Chiapas, ratificó ante el mismo Juez en otra diligencia que el exgobernador en octubre del 2005 otorgó un seguro de vida denominado VIDADOT2-2 con un costo total de 104 millones de pesos para sus más cercanos colaboradores.

En este marco, senadores y diputados aprobaron en comisión un punto de acuerdo para pedir al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, que no utilice la Procuraduría de Justicia estatal como medios para dirimir las diferencias políticas e influir en las definiciones electorales que los partidos políticos tendrán que tomar .

Durante la reunión ayer de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores federales aprobaron sin discusión un punto de acuerdo promovido por el diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.

REACCIONA EL LEGISLATIVO

El legislador del trabajo añadió que el gobernador Juan Sabines, en su estrategia por construir en el estado un cacicazgo local semejante al maximato a fines de los años 20, lo ha llevado a la manipulación de los procesos electorales locales y federal, a violentar los derechos humanos, así como al uso desmedido de recursos públicos con fines mediáticos para justificar y encubrir actos de ilegalidad .

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