El informe preliminar del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados en el caso Tlatlaya, Estado de México, sugiere que existe una línea de investigación que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares, por lo que la cadena de mando no habría estado implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios.

Aunque la ejecución fue realizada por elementos del Ejército Mexicano, ésta habría sido ordenada por un grupo de civiles, quienes podrían formar parte de la delincuencia organizada o incluso ser mandos medios del gobierno del Estado de México.

El documento revela también que no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando, entre el comandante de la XXII Zona Militar de la Sedena y el sargento responsable directo del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares, más allá de los ocho elementos que realizaban el patrullaje.

Tampoco se cuenta con elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con ocho elementos, cuando la regla es que dichos contingentes cuenten con al menos 12 elementos.

Según el texto de su informe preliminar de actividades, que desde el pasado 27 de diciembre presentó ante la Junta de Coordinación Política, la información ofrecida por instancias federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales en materia de derechos humanos, existe consenso en cuanto a que los elementos del Ejército destacados en la zona, hicieron uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza; en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, alteró y manipuló el lugar de los hechos .

Las autoridades que aportaron datos, agrega el documento, coincidieron en señalar que hubo uso ilegal, excesivo, desproporcionado y sin que se realizara la grabación del mismo, infringiendo el Manual de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal .

Los legisladores consideraron que la aceptación de la recomendación de la CNDH por parte de PGR, la Sedena y del gobierno del Estado de México, significa que el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen cometidos por elementos de la PGJEM, mismos que se encuentran bajo investigación penal y administrativa en el ámbito local .

Los diputados enfatizaron que la falta de una conclusión definitiva, es consecuencia directa de la alteración de elementos y de la escena de los hechos, así como del desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original.

Sobre el enfrentamiento al interior de la bodega, el texto indica que tuvo una duración muy corta, de un máximo de 10 minutos. En estas 10 páginas se establece que según diferentes versiones, el número de víctimas de la ejecución extrajudicial va de ocho hasta 15, por tanto las víctimas del enfrenamiento armado podrían variar de siete a 14.

Señala que tampoco se tiene conocimiento de que existan procesos contra elementos militares que acudieron posteriormente al área de los sucesos para asegurar la bodega y que pudieron participar o presenciar las ejecuciones extrajudiciales.

Recalca que para el Grupo de Trabajo el caso Tlatlaya es grave y paradigmático, pues releva ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben erradicarse .

Las 25 personas, de las cuales 22 fueron asesinadas, son consideradas víctimas directas de diversos delitos y violaciones a derechos humanos, por lo que sus familiares pueden legal y legítimamente reclamar su derecho a una reparación integral, que corresponde en términos de la legislación penal, fiscal, victimal y demás aplicables.

También se busca contactar a las víctimas, sobrevivientes, testigos, víctimas indirectas y periodistas, e incluso, a las dos mujeres detenidas, que fueron enviadas a un penal en Nayarit, pero que obtuvieron su libertad en diciembre pasado.

Con información de Grupo Fórmula

mrc