Los actuales operativos de seguridad por parte del Ejército deberán ser justificados por parte de los gobernadores o Congresos estatales; de lo contrario, los elementos castrenses deberán regresar a los cuarteles, establecen las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que ayer se aprobaron en el Senado que legitiman jurídicamente la actuación del Ejército en la guerra contra el crimen y el narcotráfico.

Sin embargo, los senadores se negaron a insertar en esa reforma procedimientos específicos para que los militares puedan ser juzgados por tribunales civiles cuando violen los derechos de los ciudadanos. El dictamen de las reformas fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y ratificación.

Serán los gobernadores o los Congresos estatales, los que podrán solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) la declaratoria de afectación a la seguridad de estados o municipios, a fin de que puedan acudir soldados, marinos y la Fuerza Aérea en su auxilio.

En caso de proceder la solicitud, "en ningún caso", se suspenderán los derechos humanos ni las garantías para los ciudadanos.

Aprobadas las reformas por los diputados y publicadas por el Ejecutivo, los gobernadores deben justificar los operativos o las operaciones deberán cesar de inmediato.

Las reformas también facultan al Cisen para: "realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia"; elaborar la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas a la seguridad y establecer sistemas de cooperación con instituciones extranjeras homólogas.

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