Crédito: Rubén Torres / El Economista

Víctima de un infarto, falleció la madrugada del domingo 8 de abril Juventino Castro y Castro, quien fuera uno de los promotores de hacer cumplir la ley, como aplicó en el caso de la masacre en 1995 de Aguas Blancas, y aunque no llevó a prisión al entonces Gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, éste fue destituido por mandato presidencial.

El jurista, nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 1918, se graduó en Derecho y estudió en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde inició su afiliación al servicio público, siempre en cargos de procuración e impartición de justicia.

Se desempeñaba como Diputado del Partido de la Revolución Democrática, encabezaba la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados y llegó a ser consultor de cabecera de Andrés Manuel López Obrador, quien por segunda ocasión, busca la Presidencia de la República.

Antes de convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Castro y Castro fue asesor jurídico de la Presidencia de la República entre 1993 y 1994; actividad que combinaba con la impartición de las materias de Amparo y Derecho en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, respectivamente.

Entre 1977 y 1994 laboró durante varios periodos en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde ocupó diversos cargos, todos ellos relacionados con la materia jurídica.

Entre 1979 y 1982 presidió una subsecretaría en la Secretaría de Gobernación. Autor de por lo menos 27 obras de consulta jurídica, de derecho y de amparo, así como de textos relacionados con aspectos de la política nacional, dejó inconcluso el manuscrito del libro titulado Cambio de la Cultura Política y Jurídica en México.

A partir de su retiro de la Suprema Corte de Justicia, en el 2003, fundó y presidió la Asociación Cambio de la Cultura en México 2000 AC.

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