Expedir la ley general de protección a las víctimas del delito de secuestro, cuya iniciativa se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, implicaría un impacto presupuestal de 161.8 millones de pesos.

De dicho monto, reportó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, la Federación tendría que aportar 98.7 millones de pesos para integrar un fondo de apoyo a las víctimas del secuestro y 63.2 millones de pesos para un fondo de responsabilidad de la Federación.

Y es que, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda iniciativa en estudio debe someterse a la evaluación correspondiente por parte de la Comisión de Presupuesto para determinar su impacto presupuestal.

Otras de las iniciativas en estudio propone la expedición de la ley de apoyo solidario para los adultos mayores del campo, que tendría un impacto presupuestal de 3,200 millones de pesos anuales, en promedio durante el periodo 2010-2015, con el fin de cubrir los gastos de pensión vitalicia, seguro de vida y pago de marcha para campesinos mayores de 70 años de edad.

La nueva Ley del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, según los cálculos de los diputados, implicaría un gasto anual de 8 millones 627,952 pesos para poder cubrir las remuneraciones de los consejeros profesionales del Consejo Nacional de Financiamiento al Desarrollo y del Comité de Auditoría.

Luis Videgaray (PRI), presidente de la Comisión de Presupuesto, informó que hay una serie de iniciativas de las que no se ha podido determinar su impacto presupuestal porque hace falta información por parte de los promoventes.

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