Sin ningún reparo, pero con algunas reservas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pondrá a disposición de la CNDH, esta semana, los resultados periciales de criminalística de campo, balística y protocolos de necropsia aplicados a los menores Martín y Bryan Almanza Salazar, muertos el pasado 3 de abril en Tamaulipas.

Fuentes castrenses y federales expresaron a El Economista que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le envió el informe hecho público; sin embargo, el contenido de las pruebas periciales, testimonios, entre ellos los de los padres de los infantes muertos, Cinthya Salazar y Martín Almanza Rodríguez, se darán después.

Respecto del nombre de los testigos: el que informó de la agresión a la familia Almanza Rodríguez y sus acompañantes, como un presunto secuestrado que abandonó el grupo de sicarios responsable del disparo de una granada .40mm, que no usa el Ejército, eso estará en manos de las procuradurías de Tamaulipas y General de la República.

Esto porque, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), en los hechos ocurridos el 3 de abril en la carretera del municipio de Camargo se cometieron delitos de carácter estatal y federal, lo que llevó a las procuradurías General de Justicia del Estado (PGJE) y General de la República (PGR) a intervenir.

En ese sentido, éstas decidirán, de acuerdo con su competencia, si entregan o no las pruebas testimoniales del testigo y la supuesta víctima a la CNDH a cargo de Raúl Plascencia Villanueva, quien desde el día de los hechos ha realizado investigaciones particulares y se encuentra pendiente del desarrollo de las indagatorias.

Según el anuncio hecho la semana pasada por el ombudsman nacional, la Comisión establecería los protocolos para obtener el dictamen pericial ofrecido por la Sedena-PGJE y PGR el pasado 30 de abril, donde se estableció que la detonación de la granada .40mm fue letal en esos hechos, pese al rechazo de la familia Almanza Salazar.

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