Mientras que ayer senadores oficializaron el entierro hasta septiembre de la reforma política debido a la falta de acuerdos, otra de las reformas clave del actual periodo de sesiones, la ley antisecuestro, avanzó a su fase final de búsqueda de consensos.

Durante una reunión entre funcionarios de las secretarías de Gobernación, Hacienda y de la PGR con los senadores presidentes de las comisiones de Gobernación del Senado, Jesús Murillo (PRI); de Justicia, Alejandro González Alcocer (PAN), y de Estudios Legislativos, Tomás Torres (PRD), avanzó en varios consensos de dicha propuesta, que prevé 15 a 40 años de prisión y de 500 a 2,500 días multa a quienes cometan secuestro exprés.

De 25 a 50 años a los secuestradores que hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública o se ostenten como tales sin serlo; tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima. Además a quien cause lesión, tortura, violencia sexual a la víctima o incluso le provoque la muerte.

Sin embargo, la creación de un a policía antisecuestro, así como de un fondo especial de apoyo a las víctimas son los puntos difíciles de la negociación.

Senadores y funcionarios acordaron que ese fondo no será para cubrir el pago de los rescates que soliciten los secuestradores, sino para solventar apoyos, como pago de abogados.

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