El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), designó a nueve empresas y 10 personas vinculadas con Juan José Esparragoza, señalado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Así, ningún ciudadano estadounidense puede tener relaciones económicas con ellos o sus empresas, y congela bienes que puedan poseer estos individuos en Estados Unidos.

Adam Szubin, director de la OFAC, expresó que mientras hay narcotraficantes que buscan ser el centro de atención, Esparragoza mantiene un perfil bajo para evitar el escrutinio.

Con la designación se pretende enfocar al señalado, pues su red empresarial se ha puesto bajo la mira de EU, indicó.

Entre los enlistados están seis miembros de la familia de Esparragoza, incluyendo a María Guadalupe, identificada como una de las esposas del narcotraficante, quien posee una propiedad que está a nombre de su marido en Tlajomuco de Zúñiga, una comunidad de Guadalajara.

La mujer y sus cuatro hijos, Brenda Guadalupe, Cristián Iván, Juan Ignacio y Nadia Patricia Esparragoza, indica el reporte, operan y son dueños de las empresas Grupo Cinjab y Grupo Impergoza. Además, administraban la empresa Provenza Residencial, el centro comercial Provenza Center y el parque industrial La Tijera.

También está Juvencio Ignacio González, quien desempeña una función clave en Grupo Cinjab y Grupo Impergoza.

Finalmente incluyeron a Ofelia Monzón como otra de las esposas de Esparragoza y dueña, junto con Elvira Araujo, Ulises Guzmán y Martín Humberto Ponce, de tener las gasolineras Buenos Aires Servicios, Estaciones de Servicios Canarias, Gasodiésel y Servicios Ancona, Gasolinera Álamos Country, Gasolinera y Servicios Villabonita, Petrobarrancos y Servicios Chulavista, en Culiacán, Sinaloa.

El gobierno estadounidense identificó a Esparragoza y al Cártel de Sinaloa como narcotraficantes extranjeros significativos conforme a la Ley Kingpin en el 2003 y el 2009.

Esparragoza fue acusado de narcotráfico por el Tribunal del Distrito Oeste de Texas en el 2003.

El Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto o condena de este sospechoso, mientras las autoridades mexicanas ofrecen 30 millones de pesos.

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