En junio del 2005, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal anunció que tanto teléfonos fijos de reclusorios Norte, Oriente y Sur, más la penitenciaría de Santa Martha Acatitla y celulares serían bloqueados para no facilitar la labor de los internos para labores delictivas y sus nexos con la delincuencia local u organizada.

La tecnología existía en las naciones desarrolladas y los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y privados, sostuvieron en su momento que las firmas internacionales eran demasiado exorbitantes.

Ni en la ciudad de México ni en el país no existe la tecnología para bloquear la salida de llamadas desde el interior de penales o prisiones y mucho menos de los Ceferesos, a los cuales se les ataca a través de operativos que se hacen dentro de la Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal.

México Unido contra la Delincuencia y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) en sus más recientes informes públicos reportaron que las llamadas que salen de los reclusorios capitalinos, penales estatales y federales para dirigir el delito de secuestro, extorsión y amenazas para ganancias ilícitas son comunes.

Hasta hoy, el equipo de bloqueo de llamadas no lo tiene ni la SSPF.

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