El 26 de mayo de 2009, un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ejército Mexicano dio como resultado uno de los fracasos más importantes del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El hecho conocido como el michoacanazo ocurrió cuando la PGR acusó a funcionarios de ese estado de tener vínculos con el cártel de La Familia Michoacana, por tal motivo se detuvo a 12 presidentes municipales, 8 funcionarios del gobierno estatal, 12 policías, 2 ex directores de seguridad y un juez, además de la persecución del diputado federal electo, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador, Leonel Godoy Rangel.

Los 35 sospechosos fueron detenidos gracias a la declaración de Emilio , nombre clave de un testigo, presuntamente integrante del grupo delictivo, quien acusó a los funcionarios de brindar protección y de recibir entre 50,000 y 200,000 pesos como pago por sus servicios.

Entre los dos años posteriores, 34 de los 35 servidores públicos fueron liberados por falta de pruebas o por insuficiencia y falta de sustento en la denuncia.

En el caso del diputado federal electo, Julio César Godoy, el 23 de septiembre de 2010, integrantes de su partido, el PRD, lograron introducirlo a la Cámara de Diputados para que tomara protesta como legislador con fuero para semanas después retirarle el apoyo y votar por el desafuero para que sea juzgado.

El caso dividió a la opinión pública y a la clase política, quienes criticaron la eficiencia de los métodos de procuración de justicia y la credibilidad de los ministerios públicos y fiscales, mientras que la PGR quedó ante la sociedad como una dependencia usada para inventar acusaciones por razones políticas, ya que el operativo ocurrió en tiempos electorales.

Finalmente, el pasado 12 de abril, Armando Medina Torres, el último ex presidente municipal que estaba detenido, fue absuelto y liberado.