Tras dos meses sin actividad en el mercado local de deuda corporativa de largo plazo, Grupo Elektra rompió el ciclo, al realizar una oferta de corto plazo por 5,000 millones de pesos, la cual registró una sobredemanda de 1.6 veces respecto al monto colocado.

Esta nueva emisión “refleja la confianza que nos dieron los inversionistas. También confirma la confianza de los mercados financieros tanto en el sólido desempeño financiero de Grupo Elektra como en la economía mexicana y en las perspectivas que tenemos”, expresó Esteban Galíndez, director de Finanzas de Grupo Salinas, dueño de Grupo Elektra.

Durante la ceremonia con motivo de la colocación de los bonos, añadió que con esta emisión la empresa de comercio especializado y servicios financieros sustituirá pasivos y reducirá el gasto por intereses en 40 puntos básicos. Además, fortalecerá su posición financiera.

Los papeles de deuda, con vencimiento en el 2022, se colocaron a una tasa de TIIE28 + 240 puntos base.

La emisión de Grupo Elektra recibió la nota “AA+” por parte de la calificadora HR Ratings y “AA/M” por parte de Verum, dada la alta calidad crediticia del emisor y un riesgo bajo de incumplimiento de sus obligaciones de deuda.

La oferta se llevó a cabo en la Bolsa Institucional de Valores (Biva), el centro bursátil que inició operaciones el 25 de julio del 2018.

En este sentido, el director de Finanzas de Grupo Salinas destacó la competencia que recientemente se abrió en el mercado bursátil mexicano, con dos bolsas de valores en operación, permitiendo a las emisoras tener mejores costos de colocación y abre nuevas perspectivas en el mercado público.

En el mismo marco, María Ariza, directora de la Biva, expuso que a pesar de que este 2019 comenzó con volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros, tanto a nivel local como internacional, en México se han recibido noticias positivas que incentivarán el listado de nuevas empresas y la liquidez para las emisoras que cotizan en Bolsa.

Algunas medidas promulgadas por el gobierno federal son la reducción del Impuesto sobre la Renta para las ofertas públicas iniciales; la homologación de la carga fiscal para inversionistas extranjeros de bonos corporativos, y la aprobación de préstamo de valores para inversionistas institucionales.

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