El estado de Washington anunció este jueves que el nuevo veto migratorio del presidente Donald Trump será llevado a tribunales para evitar de nueva cuenta su implementación.

El procurador del estado, Bob Ferguson, reveló en rueda de prensa que Washington buscará bloquear la ejecución del nuevo veto migratorio, anunciado hace unos días por la administración Trump.

La medida pretende suspender los viajes de seis países eminentemente musulmanes, con excepción de Irak, así como el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos.

De esa forma, Washington se sumaría a demandas similares que han anunciado los estados de Nueva York y Minnesota, así como a Hawái, que la víspera presentó una querella ante tribunales federales en Honolulú.

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La demanda del estado de Washington contra la primera prohibición de viajar llevó a un juez de la corte federal de Seattle a ordenar una suspensión nacional de la orden ejecutiva, que había causado caos en los aeropuertos de todo el país y llevó a la cancelación de 60,000 visas de viajeros.

Ferguson dijo que los desafíos del estado a la nueva prohibición de viajar siguen siendo en gran parte iguales a los primeros, que dijo eran discriminatorios contra los musulmanes y causaron daño innecesario a los residentes del estado, universidades y negocios.

La denuncia de Hawai dice que se opone a la nueva orden de viaje, porque tiene efectos "profundos" y "perjudiciales" sobre la economía y las personas del estado.

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También argumenta que la orden ejecutiva discrimina a los musulmanes y viola las garantías de igualdad y garantías procesales de la Constitución.

"Es otro intento por parte de la administración de promulgar una prohibición discriminatoria que va en contra de enseñanzas fundamentales de nuestra Constitución y leyes de inmigración, aunque esté envuelta en términos ostensiblemente neutrales", añadió.

Una audiencia está programada para el 15 de marzo en Honolulú, donde Hawái pedirá una orden de restricción temporal nacional contra la nueva orden de viaje, que está programada para entrar en vigor el 16 de marzo.

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La intención de ambas órdenes de viaje, aseguran funcionarios de la administración Trump, es proteger a los visitantes de los países afectados por el terrorismo hasta que se puedan poner en práctica medidas de investigación más estrictas.

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