Las universidades están en el negocio de educar estudiantes, no en el de llevar el negocio de Wall Street. Aun así, cientos de escuelas están haciendo acuerdos sorprendentes con los bancos para promover tarjetas de débito y de prepago en los campus a cambio de millones de dólares.

Ahora, la defensa del consumidor del gobierno está creando pautas para que las universidades las usen al negociar esos contratos, y así prevenir

que las firmas financieras les vendan productos con tarifas altas y términos abusivos a estudiantes incautos.

El pasado miércoles, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por su sigla en inglés) llamó a la participación pública para elaborar una scorecard (cuadro de mando), con la cual se le demande a los bancos proveer a las escuelas de una descripción clara de las tasas que se le cobran a los estudiantes, las prácticas de marketing de los bancos, un estimado de cuánto ganan los bancos con las cuentas de los estudiantes y un resumen anual de las tasas.

Aunque muchas universidades usan un proceso de licitación competitivo cuando seleccionan a sus socios financieros, el director del CFPB, Richard Cordray, expuso que las escuelas tienen dificultades a la hora de comparar las propuestas. Los contratos presentados por los bancos, por ejemplo, a menudo no muestran las tasas que les cobrarán a los estudiantes que son cuentahabientes.

Usar la scorecard sería voluntario para las escuelas, aunque la Universidad de California ya acordó adoptarla. La CFPB aceptará hasta marzo comentarios sobre las pautas que propuso.

Las universidades ya han venido con nosotros buscando consejo sobre cómo asegurar que los productos para los campus son seguros para sus estudiantes , informó Cordray en reunión con reporteros. Muchas quieren estructurar sus alianzas con instituciones financieras, para ayudar a que los estudiantes sean exitosos, no para hundirlos con cargos ocultos y sorpresas desagradables .

Desde que los estados recortaron los fondos para la educación superior, muchas universidades se asociaron con bancos para tener nuevas fuentes de ingresos. De acuerdo con la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO, por su sigla en inglés), al menos 852 escuelas, 11% del total de universidades, ahora promocionan tarjetas de débito o de prepago para los estudiantes, y cerca de 40% de los estudiantes del país que va a una universidad le ofrecen una tarjeta de débito afiliada al campus.

Las tarjetas a menudo llevan el logo de la escuela o están vinculadas con la tarjeta de identificación de los estudiante, dándoles a éstos la impresión de que su escuela ha avalado al banco. A cambio de un recorte en las ganancias provenientes de easte tipo de cuentas, algunas escuelas dan acceso exclusivo a sus estudiantes a las instituciones financieras.

La Universidad de Iowa, por ejemplo, firmó un contrato de cinco años con Hills Bank, el cual le garantiza a la escuela hasta 191,379 dólares por año del dinero que gana el banco cuando los estudiantes deslizan su tarjeta de débito, más un bono de 125,000 dólares por firmar y otro bono anual por 50,000 dólares. En su acuerdo con la Universidad de Ohio State, el Huntington Bank le dio a la escuela un pago de 25 millones de dólares por 15 años. El acuerdo también incluye otros 100 millones en préstamos e inversiones.

Ambas escuelas declararon que han puesto online las copias de sus contratos con los bancos, para que lo padres puedan ver lo que sus hijos están adquiriendo.

Las universidades no son expertas en hacer estos acuerdos , aseguró Christine Lindstrom, directora del programa de educación superior en la organización sin fines de lucro US Public Interest Research Group, la cual expuso abusos en las tarjetas de débito de los campus en su reporte del 2012: Ellos tratan de lograr los mejores acuerdos para la universidad, pero no necesariamente para los estudiantes. Nosotros hemos visto tratos multimillonarios que las universidades han firmado, en los cuales los estudiantes están expuestos a altos cargos por fondos insuficientes o cargos por cajeros automáticos externos .

Las tarjetas del campus se volvieron una forma popular para las escuelas de desembolsar lo que es conocido como balance de crédito, el dinero sobrante cuando la ayuda financiera de un estudiante es mayor a su colegiatura y cargos que le debe a la escuela. La mayoría de las escuelas no sólo dejan que los estudiantes reciban ayuda federal en sus tarjetas de débito y prepago, sino que también subcontratan el procesamiento de ese dinero hacia sus socios financieros en el acuerdo de la tarjeta, sostuvo la GAO.

"Cuando los estudiantes llegan por primera vez al campus se enfrentan a un gran conjunto de decisiones ,

Rohit Chopra",Ombudsman de los préstamos a estudiantes del CFPB.

El problema con este arreglo es que algunas tarjetas tienen cargos que pueden devorarse la ayuda financiera de un estudiante. Los cargos en esas tarjetas –por sobregiro o por tarifas de mantenimiento- son comparables con los tipos de cargos que se encontrarían en un banco. Sin embargo, algunos emisores de tarjetas imponen cargos por compras con tarjeta utilizando un número PIN en vez de una firma. Los investigadores de la GAO no pudieron averiguar la tasa total que se le carga a los estudiantes, porque algunas compañías se negaron a revelar esos datos.

Cuando los estudiantes llegan por primera vez al campus se enfrentan a un gran conjunto de decisiones, y confiar en su escuela no debería llevarlos a adoptar un producto financiero con trucos y trampas , manifestó a los reporteros Rohit Chopra, el ombudsman de los préstamos a estudiantes del CFPB.

Las escuelas seguido actúan como intermediarios para sus socios financieros, presionando a los estudiantes hacia sus productos, en vez de presentar información imparcial sobre sus opciones, como sí lo hacen con las tarjetas de crédito.

El Congreso prohibió las peores prácticas en el campo de tarjetas de crédito con la ley del 2009 de Rendición de Cuentas, Responsabilidad y Divulgación en tarjetas de crédito. La ley prohibió que los emisores de esas tarjetas comercializaran en los campus, requirió que los estudiantes menores de 21 tuvieran un aval o consentimiento de sus padres y obligó a las escuelas a presentar sus contratos con las compañías emisoras ante los reguladores, pero nada de eso se extendió a las tarjetas de débito y de prepago.

El año pasado, un grupo de 65 congresistas demócratas, dirigidos por el senador Tom Harkin (del estado de Iowa) y el representante George Miller (del estado de California), presentaron una legislación para evitar que las universidades orienten a los estudiantes en cuanto a los productos de pago. La propuesta murió en la comisión y es poco probable que sea retomado en esta sesión.

El Departamento de Educación abordó el asunto de las tarjetas del campus en febrero, como parte de una más amplia revisión de los programas de ayuda para los estudiantes, dirigido por un panel de 15 miembros compuesto por defensores de los consumidores y educadores. El grupo no pudo llegar a un acuerdo sobre lo que hay que hacer, dejando cualquier cambio en manos del departamento. El organismo informó que no ha fijado un tiempo específico para completar la ley. (JR)