Con la atención del mundo centrada en su mayoría en otro lugar, Venezuela, un país de 26 millones de personas con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, va en una espiral hacia un choque histórico. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la producción económica se encamina a caer 10% este año, mientras que la inflación superará 190 por ciento.

La escasez en los bienes de consumo es endémica y la tasa de homicidios, que se ha duplicado en una década, es 18 veces mayor que la de Estados Unidos. Muchas figuras militares y gubernamentales de alto nivel se han relacionado con el tráfico de drogas; dos sobrinos del presidente, Nicolás Maduro, están retenidos en Nueva York por cargos de tráfico de cocaína.

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Los gobiernos extranjeros están viendo esta implosión y muchos venezolanos esperan que el día de las elecciones, este domingo 6 de diciembre, la Asamblea Nacional pueda proporcionar el inicio de una salida. El país mantiene un movimiento de oposición moderado que se ha unido en un sólo boleto. Las encuestas muestran que la oposición mantiene una ventaja de dos dígitos sobre el partido oficialista en el poder; la oposición cree que debería ganar una mayoría legislativa y quizá la mayoría calificada necesaria para reescribir las leyes básicas.

La pregunta no es si las elecciones serán libres y justas; ya se ha establecido que no serán. Una notable carta de 18 páginas enviada a la autoridad electoral por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, minuciosamente describe por qué. Entre otras cosas, los principales opositores (entre ellos el líder encarcelado Leopoldo López) han sido prohibidos en la boleta electoral; los distritos han sido tan falsificados que 52% de los votantes, concentrados en áreas a favor de la oposición, elegirá sólo a 39% de los diputados, y un inventado partido en pro del régimen, con un nombre muy similar a la coalición de la oposición, se ha colocado a su lado en la boleta electoral.

Lo que aún no está claro es si el presidente Nicolás Maduro recurrirá al fraude o a la violencia para evitar una victoria de la oposición y si Estados Unidos y los vecinos de Venezuela, después de años de silencio de tolerar la destrucción de su democracia, utilizarán su influencia para evitar eso.

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Maduro insinúa tomar medidas extraordinarias; él dijo que a pesar de todo el régimen va a ganar y habló de gobernar con el pueblo si no lo hace. Eso no sería nuevo. En el pasado, los gobernadores de los estados de la oposición han sido despojados de sus poderes y presupuestos, mientras que los legisladores han sido legalmente perseguidos y agredidos físicamente. Pero teniendo en cuenta el estado de ánimo del público el porcentaje de venezolanos que evalúan la situación del país se ha reducido de manera positiva a un solo dígito tales tácticas podrían desencadenar disturbios masivos.

Es por eso que era alentador ver la carta de Almagro, un raro caso de un líder latinoamericano desafiando públicamente los abusos políticos de Venezuela. Otro caso se produjo en una carta a Maduro firmada por 157 legisladores de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y Perú, entre ellos 18 senadores estadounidenses. Desarrollada por el senador de Maryland, el demócrata Ben Cardin, el texto se opone a la descalificación y el encarcelamiento de los dirigentes opositores y pide la entrada de observadores electorales internacionales. El régimen ha rechazado la vigilancia de la OEA y la Unión Europea.

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Más presión debe ser aplicada hacia Nicolás Maduro en las próximas semanas, incluso por la administración de Obama. Si se interrumpe el voto, Estados Unidos y otros gobiernos deben estar preparados para responder con la censura y las sanciones.