El presidente Hugo Chávez dijo el martes que Venezuela se retirará de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que ese organismo se pronunciara contra el país en un caso de abusos.

Le dije a (canciller) Nicolás Maduro anoche (...) no esperemos más, Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos", dijo Chávez en un acto militar.

Chávez criticó un pronunciamiento de la Corte por el caso de Raúl Díaz Peña, acusado de ser autor de varios atentados con bomba en 2003.

Díaz Peña fue señalado como la persona que hizo explotar artefactos explosivos contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas.

El mandatario afirmó que los atentados fueron dirigidos para acusar a su gobierno y que en las investigaciones de los hechos fue detenido Díaz, quien fue condenado por la justicia pero un juez lo dejó libre por un beneficio procesal antes de culminar su sentencia.

El jefe de Estado destacó que el terrorista viajó a Estados Unidos y llevó su caso a la CIDH, a la que calificó como la corte de la vergüenza, que acaba de pronunciarse".

El gobierno venezolano emitió poco antes una declaración en rechazo al fallo de la CIDH sobre el caso Díaz, que fue sentenciado en abril de 2008 a cumplir nueve años y cuatro meses de prisión y recibió libertad condicional al cumplir cuatro años y cinco meses de cárcel.

Chávez aseguró que la CIDH continúa erosionando su credibilidad, al emitir una decisión aberrante en un caso que nunca debió admitir, pues en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, ésta solo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos".

La CIDH apuntó que en noviembre de 2010 recibió el caso de Díaz, cuyas condiciones de detención "habrían tenido un grave impacto sobre su salud, sin que recibiera oportunamente la atención médica correspondiente".

La corte emitió una medida de indemnización para Díaz por daños materiales e inmateriales y exigió al gobierno adoptar medidas necesarias para cambiar las condiciones de detención en su Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

RDS